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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 8 de noviembre de 2026.- Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente colombiano Gustavo Petro, pidieron que las denuncias sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales sean investigadas con rapidez y perspectiva de género.
En una carta conjunta difundida este domingo 8 de noviembre, ambas rechazaron los ataques contra Deicy Jiménez, quien señaló al exmandatario de supuestamente gestionar contratos estatales a cambio de encuentros íntimos.
“Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas. El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, expresaron.
Las hermanas también señalaron que es necesario distinguir entre la defensa de los derechos de las mujeres y el aprovechamiento político de sus denuncias. Como militantes de izquierda, cuestionaron que sectores políticos utilicen el caso para desacreditar a ese movimiento.
Respecto a su padre, afirmaron que confían en que atenderá los requerimientos judiciales.
“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, indicaron.
También aseguraron que, pese a las controversias que han rodeado su trayectoria pública, no se ha comprobado ningún hecho de corrupción contra él.
“Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público”, sostuvieron, aunque reconocieron que corresponde a la Justicia establecer la verdad.
El caso se originó después de que Jiménez concediera una entrevista a la revista Semana, publicada el 25 de octubre, en la que aseguró que habría entre 30 y 40 mujeres vinculadas a una supuesta red de contratación bajo esas condiciones.
Petro rechazó las acusaciones en un comunicado difundido en su cuenta de X el 25 de octubre. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener favores sexuales”, afirmó.
La Procuraduría abrió una indagación preliminar el 26 de octubre para revisar posibles irregularidades en contrataciones del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio del Interior y dos superintendencias. La Fiscalía también inició actuaciones para esclarecer los señalamientos.




