Visión financiera

A poco más de un mes de la revisión definitiva del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el 1 de julio de 2026, México enfrenta una de las mayores contradicciones de su historia industrial reciente: mientras el nearshoring impulsa niveles récord de inversión extranjera, la mayoría de las empresas nacionales aún no cuenta con las capacidades necesarias para integrarse a las cadenas globales de suministro.

Así lo señalaron especialistas del sector industrial, energético y empresarial durante una conferencia de prensa en la que participaron Ricardo Ortega López, CEO de Alliance; Nicolás Avellaneda, Country Manager de Achilles; Elena Achar Samra, integrante del Consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos, y Fernando Hernández Lee, gerente B2B de Roshfrans.

Los expertos coincidieron en que únicamente el seis por ciento de las empresas mexicanas ha logrado incorporarse de manera efectiva y verificable a las cadenas globales de valor, mientras que el 94 por ciento restante opera bajo un entorno de creciente vulnerabilidad ante las nuevas exigencias comerciales y regulatorias derivadas de la actualización del T-MEC.

Entre los principales desafíos identificados destacan el incremento en los requisitos de contenido nacional, la presión sobre la infraestructura energética, la saturación logística en puertos y cruces fronterizos, así como la falta de capacidades operativas y tecnológicas para responder a la velocidad que exigen los mercados internacionales.

“México no enfrenta un problema de inversión; enfrenta un problema de infraestructura de negocio para sostenerla”, coincidieron los participantes, y advirtieron que los riesgos son concretos y medibles.

Las empresas que no comiencen de inmediato procesos de adaptación en materia de trazabilidad, cumplimiento y eficiencia podrán enfrentar riesgos significativos.

*** Posicionan la valuación profesional

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) y la Federación de Colegios de Valuadores A.C. (FECOVAL) formalizaron un convenio de colaboración que posiciona la valuación profesional como pilar estratégico para la inversión, la transparencia y el desarrollo urbano del país.

Sus presidentes, Jenny Althair Rivas Padilla y Juan José Ortiz Jasso, coincidieron en que esta alianza marca un antes y un después en la forma en que se genera, analiza y utiliza la información inmobiliaria en México.

El convenio establece una agenda conjunta que integra a valuadores y profesionales inmobiliarios en un mismo ecosistema de datos, conocimiento técnico y estándares éticos, con impactos directos en la certidumbre del mercado.

*** Deuda pendiente en Eloxochitlán

Los conflictos comunitarios en Oaxaca suelen dejar secuelas legales y sociales que se prolongan durante años. El caso de Eloxochitlán de Flores Magón constituye uno de los episodios más complejos de la historia reciente en la Sierra Mazateca. Los hechos registrados en diciembre de 2014 dejaron homicidios, personas lesionadas, daños patrimoniales y una fractura social que permanece abierta hasta hoy.

El origen del conflicto se encuentra en una asamblea comunitaria realizada bajo el sistema de usos y costumbres, donde las disputas políticas locales escalaron hasta convertirse en agresiones físicas. Manuel Zepeda Lagunas, mecánico de 25 años, murió por traumatismo craneal severo después de permanecer bajo custodia de autoridades municipales.

Los peritajes ministeriales y balísticos descartaron su participación en las agresiones armadas que motivaron su detención. Durante la misma jornada también murió el policía municipal Gustavo Estrada Andrade, quien intervino para frenar ataques contra civiles. Ambos asesinatos marcaron un punto de quiebre para la estabilidad del municipio.

Con el paso de los años, la discusión pública y jurídica se concentró principalmente en los imputados, en las disputas políticas y en las resoluciones judiciales. Ese enfoque dejó en segundo plano a las víctimas directas e indirectas del conflicto.

El impacto de la violencia no terminó con las muertes registradas aquel día, sino que alcanzó a familias completas que quedaron expuestas al abandono institucional, a la incertidumbre económica y al deterioro de sus condiciones de vida.

La muerte de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada dejó en condición de orfandad a seis hijos: dos en el primer caso y cuatro en el segundo. Durante más de una década, esos menores crecieron sin la presencia ni el sustento económico de sus padres.

Los mecanismos de reparación integral del Estado rara vez ofrecen respuestas suficientes y oportunas para este tipo de víctimas, especialmente en regiones con altos niveles de marginación y rezago social.

Las consecuencias de la jornada violenta también alcanzaron a otros habitantes de Eloxochitlán. Magdalena Lagunas perdió un ojo a causa de las agresiones físicas sufridas durante el conflicto. Su hija Elisa denunció ataques que derivaron en una investigación por tentativa de feminicidio.

El pastor Gaspar Martín Chablé sufrió lesiones y perdió su vehículo tras un incendio provocado durante los hechos. Para varias familias, la violencia significó además el desplazamiento forzado y el abandono de sus hogares ante el temor de nuevas agresiones.

El expediente sostiene que los ataques ocurrieron en medio de una disputa por el control de los espacios de participación comunitaria y por la resistencia hacia nuevos liderazgos femeninos. Los señalamientos apuntan al entonces alcalde Alfredo Bolaños Pacheco y a su asesor Jaime Betanzos Fuentes, identificados como actores clave dentro del conflicto.

La reciente determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito, en Oaxaca, para absolver a uno de los implicados abrió nuevas dudas entre las víctimas y debilitó la expectativa de una resolución definitiva.

El desenlace de este litigio tendrá implicaciones importantes para la convivencia en municipios regidos por sistemas normativos internos. El reto central consiste en garantizar atención integral a quienes padecieron las consecuencias humanas y materiales de la violencia.

Una resolución justa no solo exige determinar responsabilidades, sino también construir mecanismos de reparación para las familias afectadas y ofrecer condiciones mínimas de estabilidad a quienes permanecen atrapados en las secuelas de este conflicto comunitario.

*** Educación por más competitividad

TOME NOTA *** Las economías más sólidas no nacen solo de la industria o la inversión; surgen de sociedades con acceso a educación y capacitación. Coahuila entiende esa visión con la llegada de “En Ruta por la Educación”, programa que acerca oportunidades académicas a jóvenes y adultos mediante aulas móviles con tecnología e internet.

Fundación TRAXION, bajo el liderazgo de Alejandra Méndez, coloca sobre la mesa un modelo donde iniciativa privada y autoridades suman capacidades para atender retos sociales. El respaldo del gobernador Manolo Jiménez confirma el compromiso con una agenda que impulsa inclusión y desarrollo regional.

En una entidad donde más de 455 mil personas viven en condición de rezago educativo, este tipo de alianzas adquiere relevancia estratégica para fortalecer el crecimiento económico de miles de familias coahuilenses.