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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 8 de julio de 2026.- La Asamblea General de Nueva Jersey aprobó una legislación que busca impedir que las empresas utilicen información personal de los consumidores para determinar los precios de comestibles y otros productos, mediante prácticas conocidas como “fijación de precios mediante vigilancia”.
La iniciativa, denominada Ley de Protección de Precios Justos, fue presentada por los asambleístas Chigozie Onyema, Annette Quijano, William Sampson IV, Shanique Speight, Dave Bailey Jr. y Rosy Bagolie, a través del proyecto de ley A4085.
La propuesta prohibiría que las compañías establezcan o modifiquen precios con base en datos personales del consumidor, incluidos datos biométricos, información genética o datos relacionados con categorías protegidas. La medida surge ante la creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial, análisis de consumo y tecnologías digitales de seguimiento para recopilar información e influir en las decisiones de compra, detalla un comunicado de prensa.
“Los consumidores no deberían tener que preguntarse si el precio que ven es el mismo que paga otra persona por el mismo producto”, afirmó el asambleísta Chigozie Onyema (demócrata por Essex y Union). “A medida que la tecnología se vuelve más sofisticada, también lo hacen las formas en que las empresas pueden usar la información personal para influir en lo que la gente paga. Este proyecto de ley garantizaría que el precio se base en el producto que se vende, no en los datos recopilados sobre la persona que lo compra”.
Actualmente, algunas empresas pueden utilizar información obtenida mediante actividad en línea, aplicaciones móviles, programas de lealtad, geolocalización y otras herramientas digitales para predecir hábitos de consumo y capacidad de pago. Esto podría provocar que dos consumidores reciban precios distintos por el mismo artículo, dependiendo de los datos recopilados sobre ellos.
“La mayoría de la gente no tiene idea de cuánta información se recopila sobre ellos diariamente ni cómo puede utilizarse”, señaló la asambleísta Annette Quijano (demócrata por Union). “Los consumidores no deberían preocuparse de que cada clic, búsqueda, compra o visita a una tienda sea registrado y analizado para determinar cuánto pagarán. Las familias de Nueva Jersey merecen la tranquilidad de saber que su información personal no se utiliza en su contra al momento de pagar”.
Los impulsores de la legislación aseguran que el objetivo es fortalecer la transparencia, la equidad y la privacidad de los consumidores, además de evitar prácticas de precios consideradas discriminatorias o abusivas mediante sistemas automatizados.
“Las familias ya sienten la presión del aumento de los costos”, expresó el asambleísta William Sampson IV (demócrata por Hudson). “Lo último que necesitan los consumidores es que un algoritmo decida que deben pagar más simplemente por sus hábitos de compra o su actividad en línea. Nueva Jersey debe defender la justicia”.
La medida no impediría descuentos tradicionales, promociones comerciales ni beneficios de programas de fidelización. Su enfoque está dirigido exclusivamente a los sistemas que utilizan vigilancia personal para establecer precios individualizados sin que los consumidores tengan conocimiento de ello.
“El mismo producto debería tener el mismo precio, independientemente de los antecedentes, el vecindario o la presencia digital de una persona”, declaró la asambleísta Shanique Speight (demócrata por Essex y Union). “No podemos permitir que la tecnología genere nuevas oportunidades para la discriminación o el trato desigual en el mercado”.
El proyecto también establecería una moratoria de un año sobre el uso de etiquetas electrónicas en los estantes de establecimientos comerciales en Nueva Jersey. Después de ese periodo, dichas etiquetas podrían utilizarse siempre que cumplan con la Ley de Protección al Consumidor contra el Fraude.
Las violaciones a la legislación serían consideradas prácticas ilícitas bajo la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey y podrían derivar en sanciones como multas, órdenes de cese y desistimiento, daños punitivos y el pago triple de la compensación correspondiente a consumidores afectados.
“Los consumidores merecen transparencia sobre cómo se recopila su información y la seguridad de que no se utiliza para manipular los precios”, afirmó el asambleísta Dave Bailey (demócrata por Gloucester, Salem y Cumberland). “Si las empresas utilizan datos personales para influir en los precios, las personas merecen saberlo y contar con protección”.
Por su parte, la asambleísta Rosy Bagolie (demócrata por Essex y Union) destacó que la iniciativa busca proteger la privacidad de los habitantes del estado.
“Los residentes de Nueva Jersey deberían poder comprar sin sentir que cada clic, búsqueda o compra está siendo monitoreada y monetizada”, declaró Bagolie. “Esta legislación establece una clara diferencia entre las prácticas comerciales legítimas y el uso indebido de datos personales”.




