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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de septiembre de 2026.- La Asamblea de Nueva Jersey analiza el proyecto de ley A5117, patrocinado por la asambleísta Carmen Theresa Morales, que busca establecer nuevas protecciones para residentes que recurren a préstamos privados para financiar estudios de educación superior.
La propuesta fue presentada el 18 de mayo de 2026 y fue incluida este jueves 17 de septiembre en la agenda del Comité de Educación Superior de la Asamblea, presidido por Morales. El proyecto contempla el registro de los acreedores de deuda educativa postsecundaria y establece requisitos de información y protección para los prestatarios, señala un comunicado de prensa.
La iniciativa se plantea después de los cambios federales que entraron en vigor el 1 de julio de 2026 y que modificaron los límites y condiciones de determinados préstamos estudiantiles federales. La legislación federal estableció nuevos límites para los préstamos Direct PLUS de padres y eliminó los préstamos Graduate PLUS para nuevos prestatarios, entre otros cambios.
“En mi época como educadora, he visto a muchos estudiantes brillantes dar el siguiente paso hacia la educación superior, construyendo futuros extraordinarios para ellos y sus comunidades”, dijo Morales. “Dado que HR1 está reduciendo los límites de endeudamiento para futuros estudiantes universitarios y empujando a más de ellos hacia prestamistas privados, este proyecto de ley garantizaría que esos prestatarios reciban las mismas protecciones que ya se les brindan a los prestatarios de préstamos federales”.
De acuerdo con el texto legislativo, los acreedores de deuda educativa postsecundaria tendrían que registrarse ante el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey y proporcionar información sobre sus operaciones y préstamos.
A5117 también establecería protecciones relacionadas con los cosignatarios, incluida la posibilidad de liberarlos de la deuda bajo determinadas circunstancias. En casos de discapacidad total y permanente del prestatario o cosignatario, la propuesta contempla la liberación de las obligaciones correspondientes.
Además, los acreedores tendrían que advertir sobre posibles pérdidas de beneficios al refinanciar una deuda, ofrecer las mismas opciones de pago cuando correspondan y divulgar los criterios utilizados para determinar las tasas de interés.
La iniciativa también contempla restricciones a prácticas publicitarias falsas o engañosas, requisitos de documentación para el cobro de deudas y un aviso previo de al menos 30 días antes de acelerar una deuda o iniciar una acción legal después de un incumplimiento.
El asambleísta Cody Miller figura como copatrocinador de la propuesta, que permanece en proceso legislativo.