Acusan a exconcejal por extorsión y préstamos ilegales en Englishtown

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 31 de octubre de 2026.- La fiscal general Jennifer Davenport y la División de Justicia Penal (DCJ) anunciaron que tres hombres, entre ellos un exconcejal de Englishtown, Nueva Jersey, fueron acusados formalmente de usura, extorsión, conspiración y otros delitos.

Según se detalló en una nota de prensa, John E. Alite, de 64 años y residente de Englishtown, Nueva Jersey, fue imputado por múltiples cargos que incluyen robo mediante extorsión, mala conducta corporativa, usura, lavado de dinero, amenazas terroristas y conspiración.

"Se alega que Alite otorgaba préstamos condicionados a una tasa de retorno superior al límite legal permitido y, posteriormente, se apoderaba de los bienes y el dinero de sus víctimas mediante amenazas de cometer actos violentos. Asimismo, se le acusa de haber utilizado sus empresas, Straightened-Out Entertainment Inc. y Alite Consulting LLC, para facilitar su esquema delictivo", precisaron.

A su vez, destacaron que en el momento de su detención, el 19 de junio de 2026, ocupaba el cargo de concejal en Englishtown, pero fue destituido de ese puesto.

También fueron acusados formalmente Stephen Locrotondo, de 68 años y residente de Bridgewater, Nueva Jersey, imputado por usura, extorsión, conspiración, mala conducta corporativa y lavado de dinero, tras presuntamente acordar con Alite el cobro de intereses por encima del límite legal permitido, así como el hijo de Alite, John P. Alite, de 35 años y residente de Manalapan, Nueva Jersey, quien enfrenta cargos por usura, conspiración y lavado de dinero. 

La fiscal general Davenport expresó que estos delitos no tienen lugar en las comunidades y dejó claro que perseguirá a quien intente obtener beneficios a través del miedo.

"Estos acusados presuntamente emplearon la intimidación y amenazas de violencia para aprovecharse de sus víctimas y apoderarse de lo que no les pertenecía legítimamente", expuso.

La fiscal general adjunta Heather Hausleben, de la División de Justicia Penal, está a cargo de la acusación en este caso y la investigación es llevada a cabo por la Unidad contra la Corrupción de Funcionarios de la Policía Estatal de Nueva Jersey.