Aclara New Brunswick manejo responsable de cámaras que detectan matrículas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 20 de septiembre de 2026.- Las recientes denuncias sobre el uso indebido de tecnología de lectura automatizada de matrículas (ALPR), conocidas como cámaras Flock, han generado preocupación en distintas partes del país. Aunque los casos reportados involucran a agentes de otras jurisdicciones, el debate ha reavivado la exigencia de supervisión estricta y salvaguardias claras para evitar abusos en el manejo de información sensible.

En New Brunswick, las autoridades defendieron el valor de esta herramienta cuando se utiliza de manera responsable y dentro de los límites legales.

La ciudad aseguró que no existen incidentes de uso indebido por parte de sus agentes ni casos de difusión inapropiada de datos fuera de los parámetros permitidos por la ley estatal, las directrices del Fiscal General y las políticas internas del Departamento de Policía.

La tecnología, señalaron, se emplea exclusivamente para identificar vehículos y matrículas, sin reconocimiento facial ni intercambio de información con agencias de inmigración civil.

La administración municipal destacó que las cámaras ALPR han sido fundamentales para investigaciones de delitos graves, desde homicidios y robos hasta secuestros y vehículos robados.

Igualmente, han permitido localizar personas desaparecidas mediante alertas Ámbar y Plata. La capacidad de identificar rápidamente un vehículo sospechoso, señalaron, puede ser decisiva para evitar que una investigación se enfríe y para retirar de las calles a individuos peligrosos.

El gobierno local recordó que Nueva Jersey cuenta con requisitos estrictos que regulan el acceso, uso, auditorías, capacitación y seguridad de los datos asociados a esta tecnología. Por ello, consideró que la respuesta adecuada ante los abusos documentados en otros lugares no es eliminar una herramienta que ha demostrado su utilidad, sino reforzar las salvaguardias y aplicar consecuencias significativas a quienes la utilicen de forma intencionalmente indebida.

La ciudad expresó su apoyo a investigaciones que involucren a cualquier agente, empleado público o proveedor que acceda o utilice información ALPR sin autorización.

Cuando existan pruebas de conducta delictiva, afirmaron, deben presentarse cargos; cuando se trate de violaciones administrativas o disciplinarias, deben imponerse sanciones proporcionales.

“El acceso a información sensible es un acto de confianza pública, y abusarlo debe tener consecuencias serias”, señalaron.

New Brunswick también respaldó que legisladores estatales y federales evalúen si se requieren protecciones adicionales, incluyendo límites claros sobre el uso permitido de datos ALPR, controles de acceso más estrictos, auditorías independientes, restricciones a la difusión secundaria, documentación obligatoria de búsquedas y sanciones administrativas y penales para quienes accedan o compartan información sin autorización.

El comunicado, emitido por las autoridades de la ciudad concluyó que la tecnología no es responsable por sí misma; la responsabilidad recae en quienes la operan y en las reglas que rigen su uso.

New Brunswick afirmó que seguirá exigiendo ambas cosas: herramientas eficaces para proteger al público y salvaguardias firmes para proteger la privacidad y las libertades civiles, al tiempo que respalda medidas más estrictas de rendición de cuentas para identificar y sancionar cualquier abuso.