Impugnan 23 fiscales cambios de Trump a las normas sobre armas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de agosto de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó junto con otros 22 fiscales generales una coalición que presentó 13 cartas de comentarios contra propuestas de la administración del presidente Donald Trump para modificar o eliminar regulaciones federales sobre seguridad de armas.

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía de Nueva York, desde mayo de 2026 la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha planteado revertir o eliminar 32 regulaciones que, según los fiscales, contribuyen a mantener las armas fuera del alcance de personas consideradas peligrosas, apoyar investigaciones policiales y combatir el tráfico ilegal de armas.

La coalición sostiene que las propuestas exceden la autoridad legal de la ATF, contradicen leyes federales y decisiones de la Corte Suprema, además de no cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

“Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros en su comunidad. Estas propuestas irresponsables facilitarían que armas peligrosas cayeran en manos equivocadas, dificultando además la labor de las fuerzas del orden para detener la violencia armada y resolver delitos”, declaró James.

“La administración Trump está intentando borrar décadas de progreso bipartidista que han contribuido a reducir la violencia armada y salvar vidas. Exigimos a la ATF que abandone estas propuestas ilegales y cumpla con su responsabilidad de proteger al público, en lugar de anteponer los intereses de la industria armamentística”, agregó.

Entre las medidas cuestionadas se encuentran cambios a las verificaciones de antecedentes previstas por la Ley Brady, restricciones a las prohibiciones para personas con determinadas enfermedades mentales y modificaciones a las reglas que determinan quién debe contar con una licencia federal para vender armas.

Los fiscales también objetan propuestas relacionadas con la verificación de identidad para compras en línea, las llamadas compras fraudulentas de armas, la revocación de licencias de vendedores, la importación de armas y piezas de estilo militar y los avisos de seguridad dirigidos a jóvenes.

Asimismo, cuestionan cambios sobre los soportes estabilizadores, el traslado de accesorios de armas entre estados, los registros de transacciones, el rastreo de armas y la conservación de documentos utilizados por las autoridades para investigar delitos.

La fiscalía señaló que las cartas también cuestionan modificaciones propuestas a las regulaciones de la Ley Nacional de Armas de Fuego y al formulario 4473 de la ATF, utilizado durante las compras realizadas a vendedores autorizados.

La coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia.