Impugnan nueva regla de carga pública para inmigrantes en NY

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 18 de septiembre de 2026.- La Sociedad de Asistencia Legal, Democracy Forward y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron este viernes una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impugnar la nueva regla de carga pública, que amplía los beneficios públicos que pueden ser considerados durante determinados procesos migratorios.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en representación de Make the Road New York, New York Legal Assistance Group (NYLAG), Association to Benefit Children (ABC) y African Communities Together. Las organizaciones buscan que el tribunal declare ilegal y anule la nueva normativa y las directrices relacionadas, señala un comunicado de prensa.

La regla comenzó a aplicarse este 18 de septiembre y permite a funcionarios de inmigración considerar una gama más amplia de factores y beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente legal.

Entre los beneficios que pueden ser considerados se encuentran asistencia médica, alimentaria y de vivienda, además de programas como WIC y Head Start, créditos fiscales y becas Pell, según las organizaciones demandantes.

Los grupos sostienen que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al ampliar el concepto de carga pública más allá de su interpretación tradicional.

La norma no establece que el uso de uno de estos beneficios implique automáticamente la negativa de una residencia. La evaluación contempla las circunstancias generales de cada solicitante, incluidos factores como edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades.

Las organizaciones demandantes también argumentan que la nueva política podría generar un efecto disuasorio entre familias inmigrantes, incluso aquellas cuyos integrantes o hijos ciudadanos estadounidenses tienen derecho a recibir determinados beneficios públicos.

El DHS, por su parte, sostiene que el cambio busca reforzar el principio de autosuficiencia y permitir que los funcionarios determinen si un solicitante podría depender de la asistencia pública.

Los demandantes también citaron como antecedente la regla de carga pública implementada en 2019. Señalaron que tribunales federales, incluido el Segundo Circuito, determinaron entonces que la ampliación de esa política excedía la autoridad legal del gobierno y era arbitraria y caprichosa.

Rebecca Telzak, codirectora ejecutiva de Make the Road New York, afirmó que la nueva política ya está generando temor entre comunidades inmigrantes y podría desalentar el acceso a servicios públicos.

“Las familias inmigrantes y los niños ciudadanos estadounidenses serán castigados por acceder a estas necesidades básicas”, declaró Telzak.

Susan Welber, abogada supervisora de The Legal Aid Society, sostuvo que la medida podría afectar especialmente a inmigrantes de bajos ingresos que buscan obtener la residencia permanente.

Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que el Congreso no otorgó al gobierno autoridad para penalizar a las personas por acceder a apoyos públicos para los que son elegibles.

La demanda, identificada como Make the Road New York et al. v. USCIS et al., solicita al tribunal federal que declare ilegales la nueva regla y las directrices y ordene su anulación.