Miscelánea, salud y política

Hacia la hegemonía plena

"El único modo de predecir el futuro es organizarse y hacer que esto que quieres ocurra": Antonio Gramsci

Más allá del estilo personal de gobernar de los mandatarios de la Cuarta Transformación, incluida su paradigmática Mañanera, cada vez más encarnan la antítesis del líder democrático; mediante el uso y abuso de su investidura buscan controlar la información, imponer un pensamiento único, anulando las libertades, el disenso, la pluralidad, el debate, la justicia imparcial y las elecciones libres, como en las dictaduras. 

La construcción hegemónica avanza. ¿De qué otra forma se puede interpretar que la presidente Sheinbaum pida a la ciudadanía: "No vean TV Azteca"? Acuse a Salinas Pliego de divulgar mentiras y anuncié la creación de "un premio al mitómano de la semana, ¡taraaan!" (Sic), con la jocosidad que ha adoptado como estilo para distraer al ojo crítico de su imagen demacrada a partir de la exigencia estadounidense de detener a los narcopolíticos de Morena.

TV Azteca respondió acusando a la mandataria de "intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa" y abundó en que lo que realmente molesta al gobierno y su partido (Morena) es "su complicidad al más alto nivel con el narco y el crimen organizado"; entre ellos, mencionó a los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, a los senadores Inzunza y Adán Augusto y a "La Barredora".

Por cierto, apenas ayer, 28 días después de ser requeridos por la justicia estadounidense, arropados por el gobierno federal mexicano que no vio ni la "urgencia" ni las "pruebas" para detenerlos administrativamente por colusión con "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para operar un "narcoestado". 

Con calma y cortesía, ocho de los 10 políticos y mandos policiacos sinaloenses, incluidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de Morena, declararon en forma breve –no más de 30 minutos-- "como testigos" citados por la FGR en Culiacán, Sinaloa.

La presidente Sheinbaum recriminó varios días a la Fiscalía estadounidense por no presentar pruebas, por lo que fue la Fiscalía General de la República quien abrió un procedimiento "ministerial ordinario que no representa imputación ni acusación formal", aclararon.

Esperemos ver con qué elementos de prueba el vecino del norte solicita la extradición, ya que dos de los 10, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, sin buscar el cobijo del gobierno de la 4T, se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, y como se dice en el argot policiaco, ya estarán cantando.

Sobre el caso de TV Azteca, no se trata de defender su posición editorial ni la de Televisa –si fuera el caso--, ambas cadenas concesionadas disponen de profesionales a su servicio para defender sus intereses particulares legítimos. Lo cuestionable es que la jefe de Estado, en lugar de ocuparse de garantizar los derechos ciudadanos y de las audiencias, como es su competencia, pretenda acallar voces críticas a su gobierno, acusándolas de mentir. 

Usar falsedades para engañar, manipular y hacer propaganda ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos de la 4T --sin excluir a sus antecesores--, pero para fines prácticos, reflexionemos en lo que está ocurriendo actualmente en detrimento de nuestras libertades y derechos civiles, a nadie debemos delegar nuestro derecho a decidir qué vemos, a quién escuchamos, qué creemos, qué pensamos y opinamos... 

La Cuarta Transformación (4T), acorde con su proyecto de supremacía y permanencia en el poder, no duda en usar la máxima tribuna para estigmatizar a opositores y periodistas críticos; en Palacio Nacional se mencionan los nombres de quienes serán víctimas de campañas de linchamiento digitales. Es la propia mandataria quien hace malabares diarios para desviar la atención de las acusaciones de narco-gobierno en contra de Morena.

La organización Artículo 19 ha documentado un incremento en el uso de demandas civiles por daño moral, auditorías y procesos legales para intimidar y desgastar económicamente a medios y reporteros; la violencia de género se ha recrudecido de manera desproporcionada contra las mujeres periodistas y se ha identificado al discurso oficial como el punto de partida para gran parte de estos ataques. 

La organización documentó 3,408 agresiones totales contra la prensa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que equivale matemáticamente a una agresión cada 14 horas; con un incremento del 62.13 por ciento en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En su más reciente informe anual, emitido en mayo de 2026, la organización documentó la evolución del riesgo tras el cambio de administración: 451 agresiones registradas en el último año, lo que promedia un ataque cada 19 horas contra comunicadores en territorio nacional. Desde el año 2000 hasta abril de 2026, Artículo 19 registró un acumulado total de 176 periodistas asesinados en México.

Contrario a la narrativa oficial que adjudica la violencia de manera casi exclusiva a las bandas del narcotráfico, Artículo 19 precisó que las autoridades del Estado siguen siendo los principales agresores de la prensa: el 48 por ciento de las agresiones globales provienen de agentes estatales (31 por ciento funcionarios públicos y 17 por ciento fuerzas de seguridad civil); 21 por ciento de personas o empresas privadas y solo el 7 por ciento del crimen organizado.

Conforme al estilo del gobierno de la 4T hacia la hegemonía total, las reformas constitucionales son determinadas por el Ejecutivo y se aprueban en fast track en el Congreso. 

Este miércoles 27 de mayo avanza la aprobación de cuatro iniciativas presidenciales de reformas constitucionales; todas ameritarían un razonable y democrático debate legislativo, pero Morena y aliados (PVEM y PT) cuentan con mayoría calificada en el Congreso, por lo que no requieren negociar con la oposición por votos, menos aún por un debate de ideas.

Las iniciativas que están en proceso de aprobación en sesiones extraordinarias son: la que aplaza la segunda elección popular de jueces y magistrados federales al primer domingo de junio de 2028, y no en 2027 como se estableció originalmente, en la que se trata de subsanar con mayores controles en la selección de perfiles de jueces y magistrados las deficiencias de la elección judicial de 2024.

La preocupante para especialistas electorales es la que modifica el artículo 41 constitucional para establecer como motivo de nulidad de las elecciones comprobar que hubo injerencia extranjera, ya que sin precisión más que incompetencia hay dolo al dejar a conveniencia de la fuerza predominante anular elecciones. 

Al respecto, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, en el debate en comisiones de la iniciativa, señaló que votaría por la abstención debido a que es una "norma abierta" que no define con precisión su alcance, lo que abriría la puerta a interpretaciones discrecionales y atentaría contra el principio de certeza jurídica electoral. 

La oposición priista, panista y de Movimiento Ciudadano coincidió en señalar que el gobierno morenista acusado de narco-gobierno va a la baja en la aprobación popular y trata de prever una posible derrota electoral, misma que pretende remontar en la mesa, usando cualquier pretexto para anular las elecciones. "Pretenderán Morena y sus aliados arrebatar un triunfo que no podrán ganar en las urnas".

Finalmente, mucho ruido metió al debate la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE para evitar que los aspirantes tengan nexos criminales. ¿Se buscará de esta forma lavar reputaciones?

Cómo estará de cuestionable que, hasta Guadalupe Taddei, siempre amigable con el gobierno de la 4T, protestó "porque no compete a la naturaleza de la autoridad electoral convertirse en juez y parte", y remató: "investigar los antecedentes criminales de los candidatos no es competencia del instituto, sino de instancias como la FGR". Claro, la ignoraron.

Para el analista y experto electoral Alfredo Figueroa, la reforma al 41 constitucional es otro instrumento autoritario más en la Constitución y en las normas para evitar que Morena se vaya del poder pacíficamente.