Ratifica Nueva York prohibición de acuerdos 287 entre policías e ICE
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de agosto de 2026.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general estatal, Letitia James, anunciaron que el estado se sumó a una coalición de 24 estados para presentar una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la implementación de una nueva ronda de aranceles que consideran ilegales.
La acción legal busca detener los gravámenes impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, al argumentar que la administración federal excedió su autoridad y que estas medidas incrementarán los costos para familias y empresas en todo el país, explica un comunicado de la Gobernación.
"Los aranceles ilegales del presidente Trump no son más que un impuesto a las familias trabajadoras, lo que aumenta el costo de los alimentos, los artículos básicos para el hogar, los materiales de construcción e innumerables bienes de uso diario de los que dependen los neoyorquinos", afirmó la gobernadora Hochul.
La mandataria estatal agregó que la administración federal "no puede ignorar la ley para imponer aranceles radicales" y aseguró que Nueva York continuará buscando proteger a sus residentes y negocios ante el impacto económico de estas medidas.
Por su parte, la fiscal general Letitia James señaló que la nueva política arancelaria representa un intento de aumentar los costos para consumidores y compañías.
"Después de perder en la Corte Suprema, la administración está tratando una vez más de aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles. No importa cómo la administración intente justificarlo, la ley y nuestra Constitución son claras en que el presidente no tiene el poder de imponer aranceles radicales a los países que quiera", dijo James.
La demanda sostiene que los nuevos aranceles fueron presentados bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso en el comercio internacional, pero que esa justificación no cumple con los requisitos establecidos por la Sección 301.
Los estados demandantes argumentan que la administración Trump no realizó una investigación suficiente ni consideró adecuadamente los comentarios públicos antes de aplicar tarifas a diversos países y productos. Además, señalan que los aranceles no tienen una relación clara con la eliminación de prácticas de trabajo forzoso.
La coalición también sostiene que la autoridad del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) está limitada por la ley y que el Congreso no otorgó al poder ejecutivo facultades ilimitadas para imponer tarifas comerciales.
La demanda fue presentada ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde los estados solicitan que los aranceles sean declarados ilegales.
Además de Nueva York, participan en la acción legal los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.




