Supervisan en Burlington pesajes y medidas para evitar cobros indebidos
PRINCETON, Nueva Jersey, EU, 22 de julio de 2026.- Leonel y su hermano Alex, ambos identificados con seudónimo para proteger su identidad, recibieron un correo con pocos días de anticipación en el que se les anunciaba que tenían programada una cita de rutina con inmigración, el mismo día y a la misma hora, hace poco más de dos semanas. Leonel decidió no ir.
"Yo no voy a ir para allá; yo sé que eso no es más que una trampa", le advirtió Leonel a Alex esa mañana de domingo, a inicios del mes de julio.
Sin embargo, Alex estaba convencido de que no corría ningún riesgo y se presentó.
"Yo no tengo nada que esconder", le respondió.
Horas después, la madre de ambos llamó a Leonel con la noticia de que agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo habían detenido en el mismo lugar de la cita.
El caso de Alex se suma a una tendencia documentada por cifras oficiales. Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicados el 20 de julio tras un retraso de tres meses, muestran que ICE mantiene actualmente a 65 mil 765 personas detenidas en el país, de las cuales alrededor del 60 por ciento tiene antecedentes penales.
Eso deja a cerca de cuatro de cada 10 detenidos sin historial criminal, una proporción que ha crecido de manera sostenida: en enero de 2025 ese grupo representaba apenas el seis por ciento de la población detenida; hoy asciende al 37 por ciento.
La cifra total de detenidos alcanzó un máximo histórico de más de 63 mil personas a mediados de enero de este año.
Lo que siguió, para Leonel, fue la angustia por su hermano y el derrumbe inesperado de su propia rutina.
"Entré en pánico y en paranoia", cuenta. Duró una semana entera fuera de su casa, sin ir a trabajar ni ver a su familia.
Aunque su caso migratorio está en regla y no tiene una audiencia programada hasta 2028, algo que un abogado terminaría por confirmarle, Leonel entró en un estado de pánico y paranoia que no respondía a ninguna lógica legal.
"Mantenía el teléfono apagado por miedo a que me pudieran localizar o rastrear", comenta, con el miedo todavía reflejado en sus ojos.
Pensaba que, como él no se había presentado a su propia cita, tarde o temprano vendrían a buscarlo también a él.
"Que me van a agarrar, que vienen por mí", recuerda haber pensado una y otra vez durante esos días.
"Me sentí como si fuera un asesino, el propio Pablo Escobar, escondido en un búnker", explica, intentando describir lo indescriptible. "Es lo peor que he experimentado en toda mi vida".
"Es llorar todas las noches. Mi esposa me decía que no valía la pena lo que estábamos haciendo. Nos cuestionamos si volver a nuestro país, aunque esta nunca había sido una opción por las duras circunstancias en las que se encuentra", cuenta en entrevista con este medio.
El mayor de sus dos hijos, quien cumple nueve años este mes, dejó de ir a clases con normalidad. Ante el temor de que agentes de inmigración pudieran presentarse en la escuela, la familia acordó con los maestros que el niño reciba parte de su instrucción en casa el resto de la semana.
"El trauma psicológico que causa es enorme", dijo al explicar las consecuencias colaterales de la detención de su hermano mayor.
Mientras tanto, a más de 190 millas de distancia, Alex permanece recluido en el Moshannon Valley Processing Center, en Philipsburg, Pensilvania, el mayor centro de detención migratoria del noreste del país, con capacidad para mil 876 personas, donde suele trasladarse a quienes son arrestados en el centro de Nueva Jersey.
Sus audiencias se realizan por videollamada ante la corte de inmigración de Elizabeth, Nueva Jersey.
"Las audiencias y todo es en línea, por videollamada; nada presencial", explica Leonel.
El hermano menor relata que la estancia ha sido positiva y que su hermano se encuentra en buen estado físico.
"Me dice que está bien, que se siente bien y que está comiendo bien", cuenta. Puede, además, comprar alimentos dentro del centro donde permanece detenido.
Alex, quien lleva alrededor de nueve años en el país, con documentación en regla y sin registro criminal, tiene una hija de trece años que viajó desde Florida para visitarlo cuando ocurrió el arresto.
La familia contrató a una abogada y, hasta ahora, desconoce el monto de la fianza que se le fijará o si esta llegará a otorgarse.
Abogados que ejercen ante la corte de inmigración de Elizabeth han señalado en meses recientes que las audiencias de fianza terminan casi sistemáticamente en negativa.
Una revisión de casos recientes documentó que, en 50 audiencias realizadas en dos días, prácticamente todos los detenidos que comparecieron vieron denegada su solicitud de libertad bajo fianza, un patrón que algunos abogados han calificado como una máquina de deportación.
El cambio se originó en una directriz interna de ICE que instruyó a los jueces migratorios a dejar de programar audiencias de fianza para quienes ingresaron al país sin pasar por un puesto oficial de inspección, criterio que después una corte administrativa del Departamento de Justicia convirtió en una interpretación vinculante.
En el condado de Mercer, organizaciones comunitarias como Resistencia en Acción NJ, un grupo de base fundado en 2009, ofrecen orientación legal y acompañamiento a familias de personas detenidas por ICE, incluyendo una línea de respuesta rápida para reportar actividad de la agencia en la zona.
Para sostener los gastos, la familia abrió una campaña en GoFundMe para pagar los honorarios del abogado y la fianza, en caso de ser otorgada, que es lo que esta familia espera que suceda.
"El alma me dolió y ni siquiera sabía que eso fuera posible", resume Leonel sobre estas últimas semanas.




