Lanza Sherrill ofensiva estatal contra cargos ocultos en facturación

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 15 de junio de 2026.- La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó este lunes una orden ejecutiva para combatir los llamados junk fees, cargos ocultos que las empresas añaden a las facturas sin transparencia previa, y proteger a los consumidores del estado frente a prácticas comerciales engañosas.

La medida ordena a todas las agencias estatales identificar los cargos ocultos en las industrias que regulan y recomendar acciones regulatorias, legislativas y de aplicación de la ley para eliminarlos.

"Les dicen un precio, pero luego añaden gastos extra en letra pequeña: cargos de manejo, de terminación, cargos de conveniencia. No hay nada conveniente en ellos", afirmó Sherrill durante el acto. "¿Cómo puedes manejar un presupuesto ajustado si nadie te dice cuánto cuestan realmente las cosas?", agregó.

La gobernadora estuvo acompañada por la fiscal general Jennifer Davenport, el asambleísta Alan Samson, presidente del Comité de Asuntos del Consumidor de la Asamblea, y Beverly Brown Ruscher, directora del Programa de Justicia Financiera de New Jersey Citizens Action.

Sherrill enmarcó la orden dentro de su agenda de asequibilidad y en respuesta directa al desmantelamiento federal de agencias de protección al consumidor bajo la administración Trump.

"La administración Trump está destruyendo activamente la protección al consumidor. Ha dado un mazazo a agencias clave como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Comisión Federal de Comercio", señaló. "Eso ha dejado a los residentes de Nueva Jersey vulnerables a abusos", dijo.

La fiscal general Davenport anunció además la publicación de una declaración de aplicación de la ley que detalla cómo los junk fees violan la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey, uno de los marcos legales de protección más antiguos y robustos del país, vigente desde 1961.

"Estamos poniendo a las empresas sobre aviso respecto de sus obligaciones bajo la ley", afirmó Davenport. "En los últimos meses, nuestra oficina ya ha estado trabajando para detener los 'junk fees': emitimos orientación a los propietarios sobre el límite estatal de tarifas de solicitud de vivienda, lideramos coaliciones bipartidistas y estamos investigando prácticas en viviendas de alquiler, autos de renta, venta de boletos y servicios financieros".

La fiscal general invitó a los residentes a reportar prácticas abusivas a través del sitio njoag.gov/junk-fees.

Por su parte, Brown Ruscher advirtió que el fenómeno va más allá de una molestia cotidiana.

"Eliminar los 'junk fees' no es una nota al pie en la protección al consumidor. Es central para la agenda de asequibilidad", sostuvo.

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Citó ejemplos concretos reportados por residentes de Nueva Jersey: una propietaria en South Harrison Township a quien su HOA le cobra una tarifa si no paga mediante acceso directo a su cuenta bancaria, y un residente de Toms River al que una empresa de recolección de basura le cobró diez dólares por mora por pagar una factura ocho días después de recibirla, semanas antes de que venciera.

"Nadie debería tener que pagar para pagar una factura", concluyó.

El Centro Nacional de Derecho del Consumidor estima que los usuarios regulares de productos de adelanto de salario ganado pagan en promedio 300 dólares al año en tarifas que pueden traducirse en tasas de interés anuales superiores al 330 por ciento.