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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 30 de abril de 2026.- La administración del presidente Donald Trump presentó este miércoles, 30 de abril, una demanda formal contra el estado de Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport.
El recurso legal busca invalidar una legislación estatal que exige a los agentes del orden, tanto locales como federales, mantener el rostro descubierto y presentar una identificación oficial durante sus interacciones con la ciudadanía.
El litigio, radicado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva Jersey, sostiene que la normativa estatal intenta obstruir de manera deliberada las tareas de aplicación de la ley migratoria. Según el documento judicial, el gobierno federal argumenta que las autoridades de Nueva Jersey pretenden dictar los uniformes de los agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) bajo la amenaza de acciones legales, lo que vulneraría la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
La ley estatal establece que portar el uniforme oficial con insignias visibles y mostrar una credencial con fotografía e información de identidad es el estándar mínimo para realizar detenciones. La normativa incluye excepciones específicas para operaciones encubiertas, motivos de salud con respaldo médico o situaciones de emergencia que involucren protección contra el humo, pero prohíbe el uso de capuchas o máscaras que oculten la identidad del oficial en situaciones ordinarias.
Por su parte, la fiscal general Jennifer Davenport defendió la medida asegurando que esta protege tanto al público como a los mismos agentes al limitar el anonimato policial.
"Hasta el día de hoy, el gobierno federal todavía no puede explicar cuándo sus funcionarios necesitan enmascararse o renunciar a su identificación en violación de esta ley", afirmó Davenport mediante un comunicado oficial, donde añadió que el enfoque federal facilita que delincuentes suplanten la identidad de oficiales reales.
Este enfrentamiento jurídico no es el primero entre la administración Trump y la gobernadora Sherrill. Previamente, el Departamento de Justicia demandó al estado por una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de ICE utilizar propiedades estatales de Nueva Jersey como bases operativas para realizar redadas. La gobernadora ha respondido a estas presiones sugiriendo que el gobierno federal debería centrarse en capacitar mejor a su personal en lugar de atacar las medidas de seguridad.




