Crónica de una detención en Nueva Jersey  a manos de ICE

NEWARK, Nueva Jersey, EU, 13 de agosto de 2026.- El domingo 28 de junio amaneció como cualquier otro domingo para Alex Arias Colmenares. Comenzó con un café, una cita de inmigración apuntada desde el viernes y la misma ropa de siempre. La incertidumbre era grande; nunca antes había tenido que presentarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y mucho menos un domingo.

Su hermano, quien también recibió la cita pero no asistió, y otros conocidos le advirtieron antes de que saliera de casa: “No vayas, es una trampa”. Él fue de todas formas.

“Pensé que era un error, porque yo no tengo nada que temer, no le debo nada a este país”, aseguró en entrevista con Quadratín Hispano, respaldando su buen actuar.

Un par de horas después, se encontraba en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, operado por GEO Group.

En la sala de espera había cerca de 40 personas más. Un agente recorrió la fila con el dedo: “Tú, tú, tú y tú, pasen adelante”, comentó la autoridad. Ocho hombres avanzaron pensando que se trataba de una revisión de rutina. Entre ellos estaba Arias Colmenares. “Ustedes ocho quedan detenidos”, finalizó el oficial.

Arias Colmenares tiene 47 años y trabaja como jefe de cocina desde hace un par de años, pero se formó como geólogo en la industria de hidrocarburos que rodea su pueblo natal, Casigua El Cubo, un caserío del municipio Jesús María Semprún, al sur del Lago de Maracaibo, en pleno corazón petrolero de Venezuela. Ahí vivió sus primeros 35 años, hasta que en 2016 cambió los yacimientos por una cocina, y Venezuela por Estados Unidos.

Lo subieron a un piso superior del edificio y ahí, entre las diez de la mañana y pasado el mediodía, esperó a que un agente que hablaba español le leyera su expediente. “Limpio, sin delitos, sin faltas”, le dijo. Y aun así, detenido.

Le dieron dos razones: había excedido el tiempo de su visa de turista una década atrás, y el Estatus de Protección Temporal (TPS) que, en teoría, lo amparaba legalmente desde su llegada al país, ya no existía. Tenía, además, un proceso de asilo abierto y en regla, a la espera de una audiencia. Nada de eso importó.

“Tenemos orden de detener a toda persona que esté en el país sin estatus legal”, le dijeron.

El gobierno de Trump intentó terminar la designación de TPS de 2023 para Venezuela desde el 5 de febrero de 2025; un tribunal federal frenó la medida en marzo, la Corte Suprema levantó esa pausa el 19 de mayo, un tribunal de distrito la revirtió en septiembre y la Corte Suprema intervino una vez más el 3 de octubre para que la terminación entrara en vigor de inmediato.

La designación anterior, de 2021, venció formalmente el 7 de noviembre de 2025. En cuestión de meses, cientos de miles de venezolanos vieron apagarse la protección que sostenía su permanencia legal en el país, entre ellos, sin que él lo supiera con precisión hasta ese día, Arias Colmenares.

En el área de San Francisco, un análisis de datos reveló que al menos 539 personas fueron arrestadas en citas migratorias similares, entrevistas de miedo creíble, presentaciones de ICE y entrevistas de USCIS entre enero y octubre de 2025: el 53 por ciento de todos los arrestos de la agencia en esa región durante el período y el 69 por ciento de ellas sin ningún antecedente penal.

Esa primera noche Arias la pasó en Delaney Hall, el centro de detención de Newark. 24 horas más tarde, estaba esposado de pies y manos, “como si fuera un criminal”, en la parte trasera de un autobús rumbo a Moshannon Valley Processing Center, un centro de detención en Philipsburg, condado de Centre, Pensilvania, también operado por GEO Group, a más de 186 millas de Newark. Ahí pasaría las próximas semanas.

La explicación oficial de su traslado fue que era “rotación de rutina, falta de espacio”. Lo que aprendió por su cuenta, ya dentro del sistema, es que un abogado tiene apenas 24 horas para intervenir mientras su cliente sigue en el centro donde lo arrestaron. Una vez trasladado, ese reloj se detiene.

Arias es el segundo de cuatro hermanos. Su padre fue militar de carrera en Venezuela; su madre, maestra de preescolar. De esa casa, dice, salió acostumbrado a no quejarse. Durante todo el tiempo que estuvo detenido le aseguraba a su propia familia, por teléfono, que la comida era buena y que él estaba tranquilo. Nada de eso era cierto. Prefería cargar solo con la angustia antes que sumarles preocupación desde lejos.

La pesadilla del traslado

“Esa fue la parte más tormentosa y tediosa”, cuenta Arias sobre el autobús que lo trasladó a Moshannon Valley.

Cinco o seis horas de carretera, esposado de pies y manos, con la calefacción encendida pese al calor y el aire acondicionado apagado; el olor de los baños sin vaciar peleando contra el limpiador rociado sobre los asientos donde debían sentarse.

A mitad de camino, el conductor empezó a dar bandazos de un lado a otro, a salirse del carril como si fuera a volcar el vehículo, y el pánico se extendió entre hombres atados que no podían siquiera sujetarse.

“Ahora entiendo por qué las personas que sufren del corazón ahí se quedan”, dijo Arias Colmenares a Quadratín.

Cuando por fin se detuvieron, alcanzó a ver la cara del conductor, que estaba sonriendo en su asiento.

Después, comparando su experiencia con la de otros cinco detenidos que hicieron la misma ruta en fechas distintas, encontró la misma historia repetida casi palabra por palabra.

“Es algo que usan para intimidar a la gente y obviamente jugar con su emoción para que pueda tomar una decisión de irse del país”, concluyó.

Según un análisis de datos citado por la organización periodística The Marshall Project, el número de detenidos trasladados cinco veces o más se triplicó entre el último año de la administración Biden y el primer año de Trump de vuelta en el cargo; casi 41 mil 700 personas fueron movidas a otro estado dentro de sus primeras 24 horas de detención, y más de uno de cada diez detenidos fue trasladado fuera de su estado en su primer día bajo custodia.

ICE atribuye esos movimientos a razones operativas, espacio, atención médica y seguridad, pero abogados de inmigración sostienen que el patrón real empuja a los detenidos hacia jurisdicciones judiciales más favorables al gobierno, como el Quinto Circuito, que concentra el 75 por ciento de los grandes centros de detención del país.

Llegaron a la una de la madrugada a Pensilvania. Bajar del autobús, todavía esposado, significaba salvar un escalón alto sin ayuda de nadie; Arias Colmenares la pidió, no la tuvo y se torció el tobillo al pisar.

“A los demás les dije que había sido jugando baloncesto”, comentó con un gesto de nobleza en su rostro.

Pasó siete horas más en una sala fría, con una bolsa de pan, una manzana y agua como única ración, antes de que lo registraran y lo “asignaran”, por fin, a una celda que compartiría con más de 70 hombres, algunos de los cuales cargaban antecedentes de robo o intento de homicidio, según Arias.

Su expediente, el mismo que un agente había calificado de limpio apenas un día antes, no le sirvió de nada ahí dentro.

“A ellos no les importa si estás con criminales o no”, resumió. “Lo que les importa es que te vayas”.

En el Moshannon Valley Processing Center, en Pensilvania, donde terminó pasando mes y medio, un juez le fijó una fianza de 15 mil dólares. La pagaron entre todos: su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y también, en parte, su hija de 14 años, a quien Arias Colmenares crió prácticamente solo desde que ella tenía cuatro. Para reunir el dinero, la joven aportó los ahorros que tenía guardados para su fiesta de quince años.

Hoy, en libertad bajo fianza y a la espera de las próximas audiencias de su proceso de asilo, Arias Colmenares no titubea cuando se le pregunta si, después de todo esto, quiere quedarse.

“Ya yo desgasté lo que me quedaba de juventud en este país”, dijo a Quadratín, “y pienso dar lo que me queda para estar aquí”. Habla de su hija, de verla crecer, de escucharla hablar inglés, “para mí eso es lo más satisfactorio del mundo”.

Y de las oportunidades que se le abren a ella y que a él, en Venezuela, jamás se le hubieran abierto. “No necesito estar aquí porque quiero”, dijo. “Necesito estar aquí para ver su crecimiento. Creo que es lo más importante”.

Y sonríe. Sonríe al momento de la detención, sonríe al contar el susto del autobús, sonríe al describir la celda que compartió con decenas de desconocidos, sonríe, sobre todo, cuando habla de su hija. Es la misma sonrisa con la que, un domingo cualquiera, salió de su casa pensando que no tenía nada que temer y terminó planteando la posibilidad de una nueva vida.