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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 20 de noviembre de 2026.- La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, busca que un juez federal haga cumplir la orden que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) convertir un almacén de Roxbury en un centro de detención sin completar previamente una evaluación ambiental.
La controversia surgió tras conocerse que ICE firmó el 5 de noviembre un contrato por 31.8 millones de dólares con la empresa SK2 LLC para realizar trabajos de mantenimiento, diseño y análisis ambiental en las instalaciones.
En documentos presentados ante el tribunal federal, Davenport expresó su preocupación porque el Gobierno estaría comprometiendo recursos para avanzar con el proyecto antes de cumplir las condiciones establecidas por el juez Jamel K. Semper el 12 de mayo.
El documento contractual compromete 31.77 millones de dólares: 650 mil para el análisis ambiental y aproximadamente 31.1 millones para mantenimiento, reparaciones y diseño. Otros trabajos de construcción figuran como opciones que no pueden ejecutarse antes de completar la evaluación ambiental.
La disputa también quedó expuesta durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el 18 de noviembre, cuando la congresista Analilia Mejía cuestionó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sobre el avance del proyecto.
"No hemos comenzado la construcción completa", respondió Mullin. Sobre la evaluación ambiental, reconoció: "No sé si se ha completado o no".
El 20 de noviembre, el juez Semper autorizó un calendario para que Nueva Jersey presente una solicitud de cumplimiento de la orden judicial. El estado deberá presentar su moción el 23 de noviembre.




