Exigen sindicatos al Congreso proteger el TPS de haitianos y sirios

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 25 de junio de 2026.- Organizaciones sindicales, defensoras de los derechos de los inmigrantes y autoridades de Nueva York exigieron al Congreso de Estados Unidos aprobar una vía permanente hacia la residencia y la ciudadanía para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que la Corte Suprema permitiera a la administración del presidente Donald Trump avanzar con la cancelación de este programa para miles de haitianos y sirios.

Durante una conferencia de prensa, representantes de 32BJ SEIU, 1199SEIU United Healthcare Workers East, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y otras organizaciones advirtieron que la resolución pone en riesgo inmediato a más de 98 mil beneficiarios del TPS en el estado de Nueva York.

"Más de 98 mil neoyorquinos son beneficiarios del TPS. Han contribuido durante años a este estado y a la nación. Esta decisión pone en peligro su derecho a trabajar y representa un ataque contra cerca de 1.6 millones de trabajadores protegidos por este programa en todo el país", afirmó Roxanna Rivera, asistente del presidente de 32BJ SEIU.

Rivera hizo un llamado a la administración federal para restablecer las protecciones del TPS y exhortó al Congreso a aprobar iniciativas como la propuesta del senador Alex Padilla (S.2468), que otorgaría una vía hacia la residencia permanente y la ciudadanía para inmigrantes de larga permanencia.

Por su parte, Yvonne Armstrong, presidenta de 1199SEIU, sostuvo que el fallo "es un fracaso moral que tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de familias".

"Los residentes de hogares de ancianos perderán a sus cuidadores, los pacientes de atención domiciliaria perderán a quienes los atienden y los hospitales perderán personal experimentado. La difamación de los inmigrantes es una de las tácticas más antiguas del autoritarismo", señaló.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, aseguró que la resolución debilita las protecciones para alrededor de 1.3 millones de beneficiarios del TPS.

"El Congreso tiene la capacidad de revertir esta decisión y debe actuar. Los poderes Ejecutivo y Judicial han optado por la crueldad al desmantelar un programa que durante décadas protegió a personas que huían de guerras, persecuciones y desastres", afirmó.

Carolyn Tran, directora ejecutiva de Communities United for Status & Protection (CUSP), subrayó que, por ahora, los beneficiarios mantienen vigente su estatus migratorio y su autorización de empleo.

"A los beneficiarios del TPS de Nueva York: nada cambia hoy. Conservan su estatus y su autorización de trabajo. Pero el Congreso debe actuar ahora para brindarles un camino permanente hacia la ciudadanía", expresó.

Aline Gue, directora ejecutiva de Mujeres Haitianas por los Refugiados Haitianos, destacó las contribuciones de la comunidad haitiana a Estados Unidos.

"Somos la columna vertebral de industrias enteras. Cuidamos a los ancianos, trabajamos en hospitales y escuelas, pagamos impuestos y nuestras vidas están aquí. Poner fin al TPS demuestra la profunda crueldad de esta administración", dijo.

En tanto, Mamta Gurung Nyangmi, directora ejecutiva interina de Adhikaar for Human Rights & Social Justice, afirmó que la decisión amenaza la estabilidad de miles de familias con estatus migratorio mixto y reiteró que la lucha continuará hasta lograr una solución legislativa permanente.

La asambleísta Phara Souffrant Forrest, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Estadounidenses, manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas.

"Como hija de inmigrantes haitianos, me solidarizo con quienes sufrirán las consecuencias de esta decisión. Debemos fortalecer las protecciones humanitarias, no eliminarlas", puntualizó.

Al acto asistieron representantes de las organizaciones convocantes junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la fiscal general Letitia James y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quienes coincidieron en exigir al Congreso una respuesta legislativa que garantice protección permanente para las familias inmigrantes afectadas por el fallo.