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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 25 de junio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos para exigir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revertir una nueva política que elimina las investigaciones y la publicación de informes sobre las muertes de personas que fallecen poco después de ser liberadas de la custodia migratoria.
En una carta dirigida al secretario del DHS y al director interino del ICE, la coalición calificó la medida como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al considerar que dificulta la supervisión de las condiciones en los centros de detención, donde han aumentado las denuncias por presuntos abusos y deficiencias en la atención médica, detalla un comunicado de prensa.
"Esta nueva política es un intento descarado de ocultar al público las peligrosas condiciones dentro de los centros de detención del ICE", afirmó James. Agregó que la agencia tiene la obligación de garantizar atención médica, condiciones seguras y un trato digno para todas las personas bajo su custodia.
Los fiscales generales recordaron que las normas nacionales de detención obligan al ICE a realizar evaluaciones médicas iniciales, proporcionar atención médica y de salud mental, así como mantener instalaciones seguras e higiénicas. Además, señalaron que el Congreso ha exigido durante años investigaciones sobre las muertes ocurridas durante la detención y ha promovido la transparencia en estos casos.
Hasta hace poco, el ICE podía ordenar revisiones de fallecimientos ocurridos hasta 30 días después de la liberación de una persona detenida, lo que permitía determinar si existían responsabilidades relacionadas con las condiciones de su reclusión.
La coalición advirtió que eliminar estas investigaciones podría generar incentivos para liberar a personas gravemente enfermas o lesionadas poco antes de su muerte, con el objetivo de evitar el escrutinio público asociado a un fallecimiento bajo custodia.
Los fiscales también señalaron que la medida forma parte de un patrón de reducción de la supervisión sobre los centros de detención, mientras aumentan los reportes de condiciones insalubres, falta de atención médica y restricciones a las inspecciones por parte de especialistas y funcionarios.
De acuerdo con la información difundida por la coalición, desde enero de 2025 se han registrado 51 muertes bajo custodia del ICE, entre ellas la de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, quien falleció por un choque séptico derivado de un absceso que, según la denuncia, no fue atendido oportunamente pese a solicitar asistencia médica.
Los fiscales generales solicitaron al DHS y al ICE restablecer los mecanismos de investigación y publicación de informes sobre estos casos, al considerar que son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las personas detenidas.
Además de Nueva York, la carta fue suscrita por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.




