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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de julio de 2026.- El expresidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, demandó su inmediata puesta en libertad a raíz de un pronunciamiento emitido por la Organización de las Naciones Unidas. El exmandatario difundió un manifiesto dirigido a las instancias judiciales de su país para exigir el cumplimiento de la resolución internacional que califica su arresto como una medida ilegal.
La controversia jurídica tomó fuerza tras la publicación de la opinión número 78/2025 elaborada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de dicho organismo global. En el documento técnico se establece que el Estado peruano incurrió en violaciones a las garantías individuales del procesado durante los acontecimientos políticos que derivaron en su destitución el 7 de diciembre de 2022.
El político recluido argumentó que los procedimientos institucionales utilizados para su captura vulneraron las normas del antejuicio constitucional y los tratados internacionales de derechos civiles. Los asesores legales del expresidente basaron sus apelaciones en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un acuerdo vinculante que obliga a las cortes locales a adecuar sus resoluciones.
Castillo Terrones exhortó a los magistrados de la administración de justicia de Lima a acatar las recomendaciones del comité exterior para evitar caer en una situación de desacato a las leyes globales. Las autoridades judiciales peruanas mantienen bajo análisis los alcances normativos del dictamen de las Naciones Unidas mientras se define la continuidad de las medidas de prisión preventiva.




