Abrazar el disenso para salir de la madriguera ideológica
En lo que va del Siglo 21, la libertad de prensa en México está legalmente garantizada, pero en la práctica está muy restringida, es peligrosa ejercerla e implica altísima impunidad.
En las frías estimaciones, México ocupa el lugar 122 de 180 países, consigna la organización Reporteros sin Fronteras, y es México para el ejercicio de la prensa, uno de los peores del mundo, peor que naciones en guerra como Ucrania o Siria.
Nuestro país es señalado como "el más letal del hemisferio: desde el año 2000, más de 150 periodistas asesinados, 28 desaparecidos. En el actual gobierno ya van 12 muertos; 2025 fue el año más violento en 3 décadas".
El Índice Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asigna a México el nivel 4.9/100, categoría Alta restricción, en el que bajó 5 puestos, pero en violencia e impunidad sacó solo 6.93/40, una de las peores calificaciones del continente.
De acuerdo con esto, en México se registra una agresión cada 19 horas: 451 ataques en 2025. La Organización Artículo 19 denuncia amenazas, golpes, detenciones, espionaje, juicios para intimidar.
Este es el problema más grave. No es solo el crimen organizado; hay complicidad o negligencia de autoridades.
Los estados más peligrosos son Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, y Sinaloa
El 95 por ciento de los crímenes quedan sin castigo. El Estado no investiga, no protege a periodistas y no garantiza justicia.
Los mecanismos de protección son lentos, insuficientes y fallan: 10 de 12 asesinados tenían medidas de protección oficiales y aun así los mataron.
La consecuencia es que los periodistas se autocensuran. Nadie, o muy pocos se atreve a investigar corrupción, seguridad o poder.
Como consecuencia se da el acoso judicial y leyes para silenciar informadores.
Los esbirros del gobierno ya no solo matan: usan la ley para callar.
Las demandas por difamación crecen a la par quedaño moral o violencia política de género contra periodistas que critican. Es abuso legal para intimidar.
Por si fuera poco las nuevas leyes, de Telecomunicaciones, y seguridad dan poder al Estado para vigilar, registrar datos y controlar información, reduciendo privacidad y libertad.
Se usa la distribución de publicidad oficial como premio o castigo: medios que son críticos reciben menos recursos, los que apoyan al gobierno reciben más. Esto limita la independencia económica .
Pocos grupos controlan casi toda la televisión, radio y prensa escrita. Hay muy poca diversidad de voces.
Medios pequeños y locales son los que más arriesgan y los que más sufren ataques; son los únicos que cubren lo que pasa en los pueblos, pero son los más desprotegidos .
Muchos periodistas se van a redes sociales, pero ahí también hay vigilancia, bloqueos y ataques.
Desde el gobierno se usa frecuentemente la descalificación pública: llamar mentirosos, enemigos, parte del pasado a los medios que cuestionan.
Se presenta la información crítica como mentira o manipulación, lo que hace que la gente desconfíe de todo, y el gobierno se queda como la única verdad oficial.
Efecto: se rompe la función de la prensa: controlar al poder. Si la prensa no puede informar ni investigar, el gobernante puede mentir sin consecuencias, como analizamos antes.
Cuando la libertad de prensa está así, es el complemento perfecto de un gobernante que miente todo el tiempo:
No hay quien verifique lo que dice. No hay quien muestre la verdad contraria.
La sociedad solo recibe una versión, y se divide entre quienes creen todo y quienes creen nada.




