Miscelánea, salud y política

La ley de los poderosos

"La justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte": Platón

¿De Estados Unidos vendrá la justicia en contra de los narco-políticos y carteles dedicados al huachicol fiscal en México? Podría ser, ya que el gobierno mexicano no tiene interés en iniciar una investigación sobre ese delito que progresó bajo las administraciones de la llamada Cuarta Transformación y ha mermado de forma considerable las finanzas nacionales al parejo que la moral pública.

Pese a los indicios mostrados en medios periodísticos como Código Magenta y Latinus y la reciente divulgación en múltiples medios más de las menciones hechas por dos testigos protegidos en la Unión Americana que involucran a Andrés Manuel López Beltrán –Andy, como es conocido el junior-- como parte de la red de huachicol, y dado que Estados Unidos le retiró la visa, lo que provocó una histeria colectiva entre el morenato, la presidenta Sheinbaum lo exoneró: "no está involucrado" en ese delito. 

En respuesta a interrogantes de reporteros en las conferencias mañaneras del 17 y 18 de agosto, la mandataria explicó que la visa estadounidense es asunto personal, de un individuo... pero el caso de Andy, como hijo de un expresidente, "es un asunto político, de injerencia en decisiones que no les corresponden, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes y personas de interés..." a quienes no se les retira.

La tarde del lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el "Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto". Este post difundido en "X" generó una coincidencia entre juristas: el MP no requiere de una prueba plena o concluyente para iniciar una indagatoria; las pruebas surgirán de la investigación; lo que hace falta es voluntad política. La mayoría desconfía de la autonomía de la fiscal y de los jueces del Poder Judicial.

Retirarle la visa a Andy, aunque el junior haya reaccionado con insólita carta, no es asunto de soberanía nacional; darle esa connotación es seguir alimentando al monstruo vanidoso que secuestró el destino de México en 2018, o quizá un año después, cuando empezó a dejar pistas de que el plan original que ofreció para llegar al poder había cambiado. Ahora los ciudadanos tenemos la tarea urgente de defender la República democrática de su obsesión por conservar el poder. 

La carta de Andy cobró gran relevancia por pretender sembrar una falsa narrativa con miras electorales; se trató de dividir a la opinión pública entre quienes consideraron la misiva como voz del padre para confirmar la división del pueblo mexicano en dos bandos: quienes están con su hijo están con él, a favor de la defensa de la soberanía (supremacía de Morena y aliados) vs. los que piden la intervención de Estados Unidos para acabar con la impunidad política; ellos son los adversarios, los críticos a la 4T. (Partidos de oposición, periodistas e intelectuales críticos) 

Y como somos pueblo sin ley, dado que hasta el próximo 10 de septiembre inician las precampañas rumbo al 2027, pero ya hay actos adelantados –de oficialistas y opositores--, hubo quienes interpretaron las expresiones de solidaridad como el arranque de la candidatura del hijo de AMLO como diputado federal por el Distrito VI de Tabasco; otros lo mencionaron como presidenciable. La mayoría, incluidos no pocos obradoristas, no le ven espolones para gallo.

Pese a las mejoras estadísticas que festeja el gobierno federal en materia de seguridad, siguen vigentes las demandas de muchos mexicanos de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizan al Estado mexicano; en el interior del país crecen los reclamos de poner fin a la violencia.

Todos los días surgen exigencias a los gobiernos federal y locales de combatir la extorsión; homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos territoriales y despojos habitacionales, entre otros. Varias organizaciones sociales que estudian estos fenómenos aplican encuestas --radares y monitores-- aseguran que el gobierno manipula las cifras para inflar sus éxitos.

La inacción gubernamental de la 4T para indiciar a presuntos responsables de ilícitos mayores por ser prominentes morenistas, solo nos queda que Estados Unidos enjuicie a los principales políticos asociados con cárteles criminales productores de fentanilo, opioides y otras drogas sintéticas causantes de la muerte de alrededor de 300 mil estadounidenses en el último cuatrienio.

Se trataría de una victoria pírrica, porque la justicia a favor de los intereses norteamericanos no resarciría a los mexicanos de las pérdidas de recursos ni vidas, puesto que no habría para la reparación de daños ocasionados por políticos en complicidad con bandas criminales y neoempresarios prestanombres. 

Tampoco se castigará a quienes urdieron una red de corrupción usando una decena de instituciones públicas –Secretaría de Marina, PEMEX, SAT, etc.--, más de un centenar de empresas privadas y miles de "servidores públicos". 

Impunes quedarían los huachicoleros que robaron y traficaron con hidrocarburos dañando el patrimonio de Pemex, los evasores fiscales, pues si el gobierno de nuestro poderoso vecino del norte lleva a juicio a algunos de los políticos corruptos, los recursos desviados por 60 mil millones de pesos, estimación menor a la real, hecha por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (Sener), serían pérdida total para los mexicanos, y de recuperarse algunos bienes, sería para resarcir a víctimas estadounidenses.

Los recursos incautados irían al Fondo de Decomiso de Activos (Assets Forfeiture Fund) del Departamento de Justicia o del Departamento del Tesoro estadounidenses. Este dinero se utiliza para financiar operativos antidrogas, pagar recompensas a informantes, compensar a víctimas de delitos y repartir porcentajes a policías locales o estatales mediante el programa de compartición equitativa (Equitable Sharing).

Esta mañana, el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, entrevistado por Carmen Aristegui, desconocía que su cliente, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, por decisión del gobierno argentino, dada a conocer por la tarde, decidiría deportarlo a México para que enfrente los cargos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Luego de ser indiciados los hermanos Farías Laguna, como presuntos responsables de encabezar la red de huachicol fiscal, el vicealmirante Manuel Roberto decidió presentarse voluntariamente (02/09/20226). Hombre de principios, confió en que "el que nada debe, nada teme" y desde entonces está preso en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano. 

Fernando, con orden de aprehensión desde el 5 de noviembre de 2025, decidió huir del país con un pasaporte guatemalteco falso, dijo temer por su vida, y no se le puede acusar de exagerado, luego de haber sido asesinadas ocho personas relacionadas con el caso. Boletinado con ficha roja, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, el pasado 21 de abril e internado en un centro de reclusión.

El abogado Mendieta, al solicitar oficialmente la documentación que ampare su defensa, ha tenido muchas dificultades y negativas, aunque también ha podido leer acusaciones de cuando menos dos testigos protegidos en contra de Andy; una de ellas también se refiere a Adán Augusto López.

Tiene la percepción de que para el gobierno de Sheinbaum la identidad de quienes operaron e integraron la red de huachicol fiscal está resuelta con la aprehensión de los hermanos Farías Laguna y un puñado de supuestos responsables.

Mendieta Valdez hace la siguiente interrogante para plantear lo inverosímil de la acusación: ¿Dos marinos de mandos medios son capaces de coordinar mandos con siete secretarías de Estado y otras tantas dependencias públicas, como las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Energía, Hacienda, Economía, la Agencia Nacional de Aduanas de México, PEMEX, la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, Profeco y además contratar a más de 100 empresas distribuidoras, etcétera.?

La justicia en México está secuestrada por quienes abusan del ejercicio del poder público. Tampoco la justicia internacional está exenta de responder a intereses políticos o presiones de potencias extranjeras (Estados Unidos medió frente al gobierno argentino para regresar a Fernando Farias a México--, por encima de los derechos humanos de los presuntos inculpados, porque, como sostenía Francisco de Quevedo hace 400 años: Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor. No basta con portarse bien.