La reforma de la reforma judicial

Corregir el rumbo sin renunciar al cambio

La política tiene una prueba de madurez que pocos gobiernos superan: reconocer que una reforma importante puede requerir correcciones sin que ello implique renunciar a sus principios. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ajustar la arquitectura de la reforma judicial representa precisamente ese momento: el paso de la euforia transformadora hacia la responsabilidad institucional.

Durante décadas, el Poder Judicial mexicano fue objeto de críticas profundas. Se le señaló por su lejanía con la ciudadanía, por prácticas de nepotismo, por privilegios y por una estructura frecuentemente percibida como impermeable al escrutinio democrático. La reforma judicial impulsada en la etapa anterior buscó romper esa inercia histórica mediante un mecanismo inédito: la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Sin embargo, una cosa es plantear una transformación estructural y otra muy distinta es administrar su complejidad operativa. Las primeras experiencias de implementación dejaron visibles problemas técnicos, administrativos y jurídicos que hoy ya no pueden ignorarse. El desafío dejó de ser únicamente democratizar la justicia; ahora consiste en construir un sistema funcional, estable y capaz de producir certeza jurídica.

La propuesta presidencial para aplazar la segunda etapa de la elección judicial hasta 2028 no constituye una renuncia política; constituye una admisión de realidad. La sobrecarga administrativa, el costo operativo y la complejidad para el ciudadano aparecieron como factores difíciles de sostener.

Existe una lección importante en ello: las instituciones no se construyen únicamente desde la voluntad política. También requieren ingeniería jurídica y administrativa. La discusión de fondo no es si debe existir una transformación del Poder Judicial. Esa discusión, en gran medida, ya fue resuelta por la mayoría democrática. El verdadero debate consiste ahora en determinar cuál es el equilibrio adecuado entre legitimidad popular y capacidad técnica.

Porque una democracia necesita jueces que tengan legitimidad social, pero también necesita jueces que sepan juzgar. La justicia no es un concurso de popularidad ni una simple competencia electoral. Requiere experiencia procesal, conocimiento constitucional, dominio de criterios jurisprudenciales y capacidad para resolver conflictos complejos.

La reforma impulsada por la presidenta parece intentar responder precisamente a esa tensión. Los nuevos mecanismos de evaluación, los filtros especializados y la reorganización institucional buscan introducir racionalidad donde el modelo original mostró zonas de incertidumbre.

Pero existe otra dimensión que merece atención: las entidades federativas. La reforma constitucional obliga a los estados a armonizar sus marcos jurídicos locales. Y ahí aparece una dificultad adicional. La velocidad política con la que se aprobó la reforma nacional contrasta con la heterogeneidad institucional de los poderes judiciales estatales. La experiencia comparada demuestra que las reformas judiciales más exitosas son aquellas que producen estabilidad y confianza.

La presidenta Sheinbaum parece haber entendido algo esencial: una reforma histórica no fracasa cuando se corrige; fracasa cuando se convierte en dogma. La justicia mexicana necesita transformarse, sí; pero también necesita orden, gradualidad y capacidad técnica.

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