Teléfono rojo

·    ¿Por qué no se le exige la verdad a Rocha?

·    El propio Zambada lo ligó con su secuestro

·    EU no olvida ni perdona y cobra tras años

Versiones van y vienen.

Pero falta la de un testigo clave.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, estuvo ligado a la extracción o secuestro de Ismael El Mayo Zambada antes, durante y después de que ocurriera.

¿Lo han interrogado a profundidad los dos fiscales a cargo de la investigación, el ahora embajador Alejandro Gertz Manero y su sucesora, Ernestina Godoy Ramos?

No lo sabemos ni lo sabremos.

La autoridad se ha reservado toda la información y ha tendido un manto de protección no nada más sobre Rocha Moya, sino también sobre el senador Enrique Insunza y ocho coacusados más por la justicia estadounidense.

Ni siquiera se ha esclarecido si Rocha Moya viajó, en efecto, a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, mientras en Culiacán corría sangre y se sometía al septuagenario con casi 60 años de actividad delictiva.

LA VERSIÓN DE ZAMBADA

La pregunta cabe a ambos lados de la frontera:

—¿Quién miente? ¿Quién mintió?

La respuesta también cabe para aquí y para allá:

—Al sur y al norte de la frontera.

La justicia de Estados Unidos está decidida a insistir en la entrega de los diez políticos de Sinaloa pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) adelantó nuevos datos, entre ellos la deportación del piloto del avión donde se trasladó a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Los datos no dejan duda: Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue quien negoció con agencias de Estados Unidos (FBI, Federal Bureau of Investigation) la entrega y el traslado de su padrino.

Al margen de la confrontación Palacio Nacional-Ken Salazar, a estas alturas la mayor credibilidad la mantiene el propio Zambada, quien en su carta asienta:

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, y Héctor Melesio Cuén…”.

Hoy el exrector de la UAS está muerto; Rocha Moya, al amparo del gobierno; Zambada, en Estados Unidos con cadena perpetua a la vista; Guzmán López, protegido por la justicia, y su familia, cómodamente instalada en Estados Unidos.

NI PERDÓN NI OLVIDO

Estados Unidos no perdona ni olvida.

Si queremos pruebas, demos tres:

—Rafael Caro Quintero fue acusado de ordenar el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar en enero de 1985.

Tardó, pero ya está internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn porque el gobierno mexicano lo entregó.

—Rubén Zuno Arce, empresario y excuñado del expresidente Luis Echeverría, también fue detenido y procesado por la justicia estadounidense por rentar la propiedad donde se torturó a Kiki Camarena.

—Manuel Bartlett Díaz fue ligado a aquel crimen y, desde entonces, no ha viajado al país del norte ni como secretario de Gobernación ni como senador.

A pesar de todo, en algún momento tuvo un encuentro en su oficina de Bucareli con el expresidente Jimmy Carter, mientras lo reclamaba la agencia antidrogas.