Indicador político

10.- T-MEC: 32 años después las cosas siguen igual; o sea: peor

En el escenario de 32 años de funcionamiento, luego de una revisión a fondo y a punto de iniciar una tercera, el Tratado de Libre Comercio/T-MEC ha multiplicado por diez el comercio exterior, pero la estructura productiva y social no ha mejorado y la desigualdad social sigue igual que hace 32 años.

En el aspecto que podría resumir la evolución del país durante seis sexenios presidenciales del Tratado, el Producto Interno Bruto ha tenido una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, mientras que en el pasado populista, de 1934 a 1982, se había logrado un ritmo de crecimiento anual de seis por ciento.

Con el TLC/T-MEC, de acuerdo con el compromiso formal del presidente Carlos Salinas de Gortari, su arquitecto y principal negociador, México debería tener en la actualidad tasas promedio de crecimiento del PIB de seis por ciento, empleo formal para el 80 por ciento de los trabajadores y un nivel de vida que nos acercara al confort del american way of life de Estados Unidos.

La configuración y negociación del Tratado tuvo un periodo de incubación de prácticamente ocho años, de 1986, cuando México ingresó al GATT como paso previo a una gran revolución arancelaria, a su puesta en marcha en 1994, en medio del alzamiento guerrillero zapatista en Chiapas el 1 de enero de ese año, con la circunstancia muy clara de que el movimiento del EZLN tomó la bandera opositora al Tratado, pero sus propuestas reales eran solo de derechos y culturas indígenas.

A la vuelta de 32 años, la historia tomó un camino circular: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, como ejes de la oposición a la coalición PRI-PAN, le han otorgado más importancia a la revalidación del pasado del México indígena originario que a cualquier objetivo de modernización de la planta productiva industrial, agropecuaria y tecnológica. La negociación que iniciará hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se centra solo en suplicar la baja de aranceles, pero sin ninguna iniciativa de reestructuración productiva del desarrollo mexicano.

El Tratado se negoció desde el punto de vista económico de que el comercio exterior sería el detonador del cambio en el modelo de producción mexicano, que había agotado todas sus reservas en el proteccionismo arancelario, y que la globalización iniciada a finales de 1989 con el Consenso de Washington sería el botón mágico para que el comercio fluyera entre las naciones: la baja de aranceles a la importación dinamizaría las plantas productivas de la economía de Occidente.

El Tratado se había presentado como la solución mágica para dinamizar el bienestar general a través de las exportaciones: con aranceles bajos y de la mano de la reorganización de cadenas productivas entre naciones, el comercio exterior detonaría la producción industrial y agropecuaria de los asociados. Estados Unidos no necesitó una revolución productiva porque nunca abandonó la dinámica de la especialización, en tanto que México mantuvo su vieja planta industrial y agropecuaria, que sobrevivía del proteccionismo arancelario. La baja de los aranceles multiplicó la importación y nunca hubo —aunque en teoría se definió en un programa industrial de 1990— una verdadera reorganización de la planta productiva industrial y agropecuaria.

El Estado se conformó con la apertura de la frontera, nunca impulsó la obligada reconversión industrial y prefirió la existencia de un sector empresarial bajo control político-fiscal y regulatorio para impedir la existencia de una burguesía productora que necesitaba autonomía de clase frente al viejo Estado priista-populista para dinamizar la producción.

Del mismo modo, el Estado mexicano tampoco invirtió en dos áreas que eran vitales para la modernización del modelo de desarrollo: la educación y la ciencia y tecnología. Y, por si fuera poco, el Estado neoliberal salinista, en sus tres variantes —priista, panista y lopezobradorista—, prefirió el control de clase sobre los trabajadores para impedir que su organización autónoma contribuyera a una mayor concientización de su papel social. En materia del sector productivo obrero, el Tratado ofrece hoy el peor de los resultados: 55 por ciento de la población económicamente activa —es decir, productiva— se encuentra en situación de informalidad y sobrevivencia, y el 75 por ciento de los trabajadores tiene ingresos precarios de uno a tres salarios mínimos.

Pese a estos resultados, el proyecto lopezobradorista ha desdeñado las necesidades de reformas de la estructura productiva que requería la renegociación del Tratado y solo busca el favor estadounidense para no politizar los aranceles. No hay más.

El Tratado, en términos de compromisos, seguirá diez años más, pero sin que México vaya a reformular el modelo de desarrollo industrial, agropecuario, de servicios y tecnológico, lo cual estaría anunciando que el comercio exterior en los próximos años tampoco será el detonador de un mejor nivel de desarrollo mexicano. Y el país mantendrá la estructura de la desigualdad que el Tratado no pudo modificar: 80 por ciento de los mexicanos con restricciones sociales y solo 20% disfrutando del bienestar.

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Política para dummies: la política es el clutch de la economía.

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