Indicador político

Rocha Moya, punta del iceberg de la narcopolítica mexicana

Los gobiernos mexicanos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo parecieron nunca tomar en serio las acusaciones del presidente Donald Trump de que los cárteles del narcotráfico gobernaban México, enquistados en la estructura estatal y federal de poder.

En enero de 2025, apenas tomando Trump posesión de la silla presidencial, el Departamento de Estado caracterizó de manera oficial a seis cárteles de la droga mexicanos como narcoterroristas y utilizó instrumentos de inteligencia y seguridad nacional para entrometerse en las estructuras internas de las bandas.

Sinaloa se convirtió, en el discurso estadounidense, en el ejemplo de la vinculación orgánica entre el narco y las estructuras de gobierno. La estrategia de seguridad del presidente López Obrador se basó en el concepto de abrazos, no balazos y, durante todo su sexenio, hubo tolerancia en el funcionamiento y fortalecimiento de los cárteles.

La presidenta Sheinbaum retomó la estrategia de su antecesor, pero las presiones directas de Estados Unidos y las amenazas de invadir militarmente a México para destruir los huevos de la serpiente del narcotráfico la obligaron a comenzar un ciclo de arrestos y deportaciones de narcodelincuentes.

Pero lo que más interesaba a Estados Unidos era la vinculación entre el narco y la estructura política de poder, y el nombre del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya fue el que ocupó el primer lugar de la lista de denuncias y revelaciones, con la circunstancia agravante de que el propio político aceptó en varias entrevistas públicas con periodistas que había pactado con los capos de la droga para poder ganar y administrar mínimamente el poder estatal.

La respuesta del gobernador Rocha Moya a la solicitud de una corte estadounidense de su arresto y deportación a tribunales de ese país, en efecto, reveló el punto sensible del expediente en Estados Unidos: no es una persecución contra personajes definidos, sino que está implicando un enjuiciamiento a todo el proyecto político y de gobierno de la Cuarta Transformación en el tema de la articulación o imbricación de intereses entre los gobiernos de esa filiación y bandas del crimen organizado.

En Estados Unidos cayó como balde de agua fría aquel saludo de López Obrador a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en marzo de 2020, y el trato comedido del jefe del Ejecutivo mexicano. En los tribunales mexicanos nunca ha existido ninguna denuncia formal contra la señora Guzmán Loera, pero un saludo en un evento político mandó mensajes que fueron decodificados con malicia en las agencias de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos.

Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo no supieron traducir las diferentes, consistentes y reiteradas acusaciones, así como las amenazas del presidente Trump, que buscaban obligar al Ejecutivo federal de México a hacer más seria y profunda la lucha contra el crimen organizado.

Lo paradójico del momento fue que la acusación contra el gobernador de Sinaloa y siete políticos y funcionarios mexicanos ocurrió en momentos en que el gabinete mexicano de seguridad había incrementado su persecución, arresto y deportación de muchas de las cabezas del narcotráfico en México; pero, en los espacios de poder de Estados Unidos, siempre insistieron en que no se terminaría con el conflicto del narcotráfico si no se destruía la relación política y de poder con instancias de gobierno.

La acusación de una corte estadounidense, con base en expedientes de las agencias de inteligencia y seguridad nacional de ese país, ocurrió también en un instante en que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no supo calibrar la sensibilidad de la comunidad de inteligencia estadounidense: la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico, posterior a un operativo en el que el aparato mexicano de seguridad, con apoyo estadounidense, había destruido un gran laboratorio productor de droga.

La estrategia de Palacio Nacional fue la de aprovechar el ambiente para lanzar una campaña de desprestigio contra la CIA, y tampoco aquí se supo decodificar el mensaje de la Casa Blanca de que el presidente Trump esperaba mayor sensibilidad y empatía de México con los agentes muertos, y no una campaña de desprestigio que empañó a la CIA en México. Como ocurrió en 1985 con el caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en el asunto de los agentes de la CIA fallecidos se trató de culpar al área diplomática de la responsabilidad de las muertes.

Los expedientes contra el gobernador Rocha Moya y siete presuntos corresponsables del narcotráfico en Sinaloa son la punta de la hebra de otros archivos que están en proceso, también sobre personalidades locales vinculadas al narcotráfico. Y en el mismo espacio de política judicial cae el caso del vicealmirante detenido en Argentina por el asunto de huachicol fiscal de Estados Unidos a México, para presuntamente financiar campañas de Morena.

El gobernador Rocha Moya actuó con impunidad porque se sintió protegido por el expresidente López Obrador y por la presidenta Sheinbaum Pardo. Y la sola solicitud de extradición se convirtió en la crisis más grave de gobierno en los siete años y meses de administración federal morenista.

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