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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 11 de agosto de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo que obliga a SME Capital Ventures y a sus filiales a pagar más de 700 mil dólares por adeudos, infracciones de seguridad y otros gastos relacionados con el condominio ubicado en 441 West 37th Street, en Hudson Yards, Manhattan.
El acuerdo también establece que la firma de capital privado deberá reparar y certificar el sistema de protección contra incendios del edificio, cubrir multas y obligaciones municipales pendientes y transferir a los propietarios el control de la junta directiva del condominio, señala un comunicado.
“Las firmas de capital privado no pueden elegir qué leyes les corresponden”, declaró James. “Cuando esta empresa tomó el control de un edificio de condominios en Manhattan, asumió responsabilidades legales reales con los propietarios que viven allí. Durante dos años, SME Capital eludió esas obligaciones mientras seguía cobrando los alquileres. Mi oficina seguirá exigiendo responsabilidades a estas empresas cuando antepongan las ganancias a la seguridad de los neoyorquinos”.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York (OAG) inició una investigación en 2024, después de recibir quejas de residentes por la administración del inmueble y el incumplimiento en el pago de obligaciones con el condominio.
Según la investigación, SME Capital tomó el control de la empresa desarrolladora del edificio en octubre de 2023, después de ganar como único postor una subasta de ejecución hipotecaria relacionada con un préstamo impagado de 3 millones de dólares.
Aunque obtuvo el control de la empresa desarrolladora, la firma posteriormente negó ser propietaria y no asumió diversas obligaciones. Entre ellas, dejó de pagar las cuotas del edificio, lo que generó un saldo superior a 523 mil dólares, y permitió que expirara el certificado de ocupación.
Los propietarios tuvieron que pagar de su propio bolsillo en dos ocasiones para renovar el certificado de ocupación temporal y mantener el inmueble en condiciones legales de funcionamiento. En total, gastaron 15 mil 824 dólares en esos trámites, incluida una renovación realizada en junio de 2025.
Además, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) impuso multas por la falta de documentación requerida sobre los sistemas de seguridad contra incendios. Otras agencias municipales también identificaron problemas de salud y seguridad, generando obligaciones pendientes por al menos 139 mil 918 dólares.
La investigación también determinó que SME Capital no transfirió a los propietarios el control de la junta directiva, pese a que el plan original establecía que esto debía ocurrir una vez que se vendiera un número suficiente de unidades.
Mientras mantenía el control de las unidades que permanecían sin vender, SME Capital continuó obteniendo ingresos de la propiedad. La empresa alquiló, entre otras unidades, un ático por 12 mil dólares mensuales y otra vivienda por 10 mil dólares al mes.
La Fiscalía General determinó que SME Capital violó la Ley Martin de Nueva York, que regula las ofertas de condominios y establece obligaciones para los promotores inmobiliarios, además de las leyes estatales que prohíben prácticas comerciales ilegales reiteradas.
Como parte del acuerdo, SME Capital deberá pagar más de 523 mil dólares en cuotas de construcción vencidas, reembolsar a los propietarios los gastos relacionados con los certificados de ocupación y obtener un certificado de ocupación permanente.
También tendrá que reparar y certificar el sistema de extinción de incendios, pagar las multas y obligaciones municipales pendientes, actualizar el plan de oferta del condominio para reflejar el cambio de propietario, transferir formalmente el control de la junta a los propietarios y pagar una multa de 54 mil dólares.
El caso fue gestionado por el abogado principal de cumplimiento normativo Nicholas J. Minella, de la Oficina de Finanzas Inmobiliarias, bajo la supervisión del jefe de cumplimiento normativo Louis M. Solomon y de la jefa de la oficina, Jacqueline Dischell.
La Oficina de Finanzas Inmobiliarias forma parte de la División de Justicia Social, encabezada por la primera fiscal general adjunta, Meghan Faux.




