Encabeza James demanda contra ataques de Trump a familias inmigrantes

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 14 de septiembre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James encabezó una coalición de 21 fiscales generales y Washington D.C. para presentar una demanda para frenar la nueva regla federal de carga pública, impulsada por la administración de Donald Trump.

La norma permitiría a los oficiales de inmigración rechazar residencias o entradas al país por el uso de beneficios públicos legales, incluidos almuerzos escolares, Medicaid, CHIP o SNAP.

La acción legal fue presentada en paralelo a una demanda interpuesta por una coalición de ciudades liderada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien advirtió que la política “pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han alimentado y mantenido sanas a las personas por décadas”.

“Los neoyorquinos tendrán miedo de ir al médico o pedir la ayuda que por ley les corresponde. Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga. Son quienes hacen grande a esta ciudad”, afirmó Mamdani.

James sostuvo que la norma “se aprovecha del miedo” y busca que las familias renuncien a apoyos esenciales.

“Las familias trabajadoras no deben quedarse sin el apoyo que necesitan por miedo a que pedir ayuda signifique su deportación”, dijo. Recordó que su oficina ya bloqueó una versión previa de esta política y aseguró: “estamos liderando los esfuerzos a nivel nacional para garantizar que la administración Trump no vuelva a causar este daño”.

La nueva regla, que entrará en vigor el 18 de septiembre, permitiría considerar casi cualquier beneficio público, incluso si lo usa un hijo ciudadano estadounidense, en contra de la solicitud de residencia de su progenitor extranjero.

La coalición advierte que no existe un límite claro sobre qué beneficios perjudican a un solicitante, lo que obliga a las familias a “especular sobre qué formas de asistencia habitual y legal podrían poner en riesgo su estatus migratorio”.

Los fiscales generales señalaron que el propio gobierno federal reconoció que una norma similar provocó bajas de hasta 35 por ciento en familias de estatus mixto y 60 por ciento entre refugiados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé que el “efecto disuasorio” reducirá fondos estatales en cuatro mil 050 millones de dólares en Medicaid y CHIP, y mil millones en SNAP.

La demanda también destaca el impacto en servicios públicos como pérdida de cobertura médica, saturación de salas de emergencia, riesgo de que escuelas pierdan certificación automática para comidas gratuitas o a precio reducido, reducción de fondos del Título I, y afectación a economías locales por menor participación en SNAP.

La coalición sostiene que la norma es “arbitraria y caprichosa”, infringe la Ley de Procedimiento Administrativo, excede la autoridad del DHS y contradice más de un siglo de interpretación federal sobre la disposición de carga pública. Por ello, solicitan a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que declare ilegal la regla y la anule.

Junto a James participan los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania.