Demanda fiscal de NY a Trump por compartir datos de familias vulnerables

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 3 de agosto de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición integrada por los fiscales generales de otros 23 estados y el Distrito de Columbia para presentar una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, al considerar que una nueva política federal permitiría compartir de forma ilegal la información personal de millones de beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

La demanda cuestiona una medida emitida en junio por la Administración para Niños y Familias (ACF), que amplía la supervisión federal sobre los programas estatales de TANF y autoriza el intercambio de registros de los beneficiarios con agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según explica un comunicado de prensa de la fiscalía.

Según la querella, la política permitiría compartir números de Seguro Social, direcciones, estatus migratorio y otros datos confidenciales de millones de personas, lo que, además de vulnerar la legislación vigente, podría afectar la confianza de las comunidades inmigrantes en los programas de asistencia pública.

"En lugar de ayudar a las familias que enfrentan el aumento del costo de vida, esta administración intenta convertir los programas contra la pobreza en herramientas contra las personas a las que deberían servir", afirmó James.

La fiscal agregó que "los fondos de TANF proporcionan asistencia esencial para que las familias puedan poner comida en la mesa, encontrar una vivienda segura y cubrir sus necesidades básicas. No permitiré que esta administración convierta ese programa en una herramienta para perseguir a los más vulnerables".

El programa TANF fue creado por el Congreso en 1996 para apoyar a familias de bajos ingresos mediante recursos administrados por los estados. Actualmente distribuye más de 16 mil millones de dólares anuales en todo el país para financiar subsidios de cuidado infantil, refugios de emergencia, asistencia alimentaria y otros servicios sociales.

Nueva York recibe alrededor de dos mil 700 millones de dólares al año del programa, recursos que respaldan asistencia económica para unas 190 mil personas, entre ellas 127 mil menores de edad, además de servicios de refugio para aproximadamente 39 mil residentes de la ciudad de Nueva York.

La coalición sostiene que la legislación establece que corresponde a los estados verificar la elegibilidad de los solicitantes, por lo que la ACF no tiene facultades para imponer nuevos mecanismos de supervisión ni para compartir la información de los beneficiarios con otras agencias federales.

Asimismo, argumenta que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos al imponer nuevas condiciones para el acceso a recursos federales sin autorización del Congreso.

La demanda solicita a un tribunal federal declarar ilegal la medida e impedir su entrada en vigor.

Además de Nueva York, participan en la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como el Distrito de Columbia. También se sumaron los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.