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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de octubre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 20 procuradores estatales demandaron al gobierno federal presidido por Donald Trump para anular la normativa del Departamento del Tesoro que exime a las empresas pantalla de revelar la identidad de sus propietarios.
La querella argumenta que la disposición administrativa anula los alcances de la Ley de Transparencia Corporativa aprobada en 2021, diseñada para evitar que redes dedicadas al narcotráfico, fraude y blanqueo de capitales utilicen entidades mercantiles anónimas para ocultar activos.
"Las empresas pantalla secretas ayudan a los narcotraficantes, a los defraudadores fiscales y a otros delincuentes a ocultar sus ganancias ilegales", afirmó la fiscal James, señalando que la medida oficial exenta a más del 99.9 por ciento de las sociedades obligadas a rendir cuentas ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
El grupo de fiscales, que incluye representaciones de California, Illinois, Nueva Jersey y el Distrito de Columbia, solicitó a los tribunales declarar ilegal la disposición y frenar la eliminación de los registros corporativos ya recabados.




