Refuerza Nueva York alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos
MANHATTAN, Nueva York, UE, 26 de agosto de 2026.- La entrada en vigor de una nueva ley estatal que prohíbe a las agencias policiales locales mantener activos acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado respaldo entre algunos residentes de Nueva York, quienes consideran que la medida puede reducir el temor de las comunidades migrantes a interactuar con la policía.
La norma, conocida como Policías Locales, Ley de Delitos Locales, entró en vigor el 25 de agosto de 2026 y prohíbe a gobiernos locales, departamentos policiales y centros correccionales participar en acuerdos 287(g), mediante los cuales agentes locales podían colaborar directamente con ICE en tareas de control migratorio civil.
También impide que cárceles locales mantengan activos para alojar personas detenidas exclusivamente por violaciones civiles de inmigración.
La legislación fue aprobada por la Legislatura estatal como parte del paquete presupuestario y firmada por la gobernadora Kathy Hochul.
La mandataria ha defendido la medida bajo el argumento de que las policías locales deben concentrarse en combatir delitos y proteger a sus comunidades, y no destinar recursos a hacer cumplir leyes civiles de inmigración.
La ley, sin embargo, no impide que las autoridades actúen ante órdenes judiciales válidas ni que colaboren cuando exista una investigación criminal.
Entre quienes respaldan la decisión está Midhun Vijayan, residente de Nueva York desde hace más de un año, quien destacó el carácter migrante de la ciudad.
“Nueva York es una ciudad santuario. Es una ciudad construida por inmigrantes”, afirmó.
Para Vijayan, impedir que policías uniformados participen en acciones de ICE puede evitar un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas del orden y consideró la medida muy positiva.
Una posición similar expresó Kushagra Kar, estudiante internacional de India que cursa estudios de posgrado en NYU. Kar aseguró que, aunque se encuentra legalmente en Estados Unidos, comprende la incertidumbre que enfrentan quienes atraviesan procesos migratorios y dijo valorar especialmente las medidas que brindan protección a personas indocumentadas y sus familias.
Kar también sostuvo que la participación de policías locales en operativos migratorios puede ofrecer mayor legitimidad a acciones de ICE que, en su opinión, han generado temor y daño, incluso entre ciudadanos estadounidenses.
“El hecho de que la policía tenga prohibido legalmente ayudar es algo que apoyo plenamente”, señaló, y expresó su deseo de que otras ciudades del país adopten políticas similares.
Para José Luis Martínez, la medida tiene un efecto más cotidiano.
“Es bueno que la policía no pueda intervenir porque así nos ayuda a nosotros, los emigrantes, a no tener temor de salir a las calles a trabajar como buenas personas”, expresó.
Martínez dijo esperar que este tipo de protecciones continúen vigentes para que los migrantes puedan desarrollar sus actividades sin miedo.
La ley también ha abierto un frente político y judicial. Miembros de alguaciles del estado presentaron una demanda para intentar invalidar la prohibición, mientras Nassau y Rensselaer han cuestionado su cumplimiento.
Hochul advirtió que cualquier departamento o alguacil que mantenga acciones prohibidas con ICE puede enfrentar acciones legales, mientras la fiscal general Letitia James ha comenzado a exigir información a agencias que no han demostrado claramente que terminarán esas colaboraciones.




