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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de agosto de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a otros 23 fiscales generales y al gobernador de Pensilvania para presentar una demanda contra el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), con el objetivo de bloquear una nueva norma de la administración del presidente Donald Trump que modifica el proceso del voto por correo en las elecciones federales.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la demanda fue presentada a menos de tres meses de las elecciones intermedias de noviembre y cuestiona una regulación que, según la coalición, otorgaría al USPS nuevas facultades para determinar qué boletas por correo pueden ser procesadas y entregadas.
La norma obliga a los estados a proporcionar al USPS listas de los votantes que solicitan participar en las elecciones mediante correo y establece nuevos requisitos para los sobres de las boletas. Entre ellos se encuentran códigos de barras únicos de Intelligent Mail y la obligación de que los diseños de los sobres sean enviados al USPS para su revisión y aprobación.
De acuerdo con la demanda, el USPS podría negarse a entregar boletas asociadas con votantes que no aparezcan en las listas federales o cuyos sobres no cumplan con los nuevos requisitos, incluso si esas personas están registradas y son elegibles para votar conforme a las leyes estatales.
“En todo el país, los estados ya están inmersos en los preparativos para las elecciones de 2026. Ahora, en el último momento, el gobierno federal lo está intentando para entrometerse en esos preparativos y potencialmente amenazar a innumerables estadounidenses el derecho al voto”, afirmó James.
“El USPS no tiene autoridad para decidir quién puede o no votar por correo. Esta nueva política solo creará confusión, costos innecesarios y riesgos inaceptables para los votantes de cara al día de las elecciones, y mi oficina acudirá a los tribunales para detenerla”, agregó.
La fiscal general y los demás demandantes sostienen que la medida podría generar costos adicionales y dificultades administrativas para los estados, que ya se encuentran preparando las elecciones de noviembre.
Entre otros cambios, los funcionarios electorales tendrían que adaptar diseños de sobres, obtener aprobaciones federales y establecer sistemas para enviar y actualizar información de los votantes ante el USPS.
El comunicado señala que el USPS procesó cerca de 100 millones de boletas durante las elecciones generales de 2024 y que aproximadamente 30 por ciento de los votantes del país emitió su voto por correo.
La coalición también advierte que errores administrativos, problemas técnicos o retrasos en la actualización de las listas podrían afectar a votantes elegibles. Según los demandantes, los registros de votantes y las solicitudes de voto por correo continúan modificándose durante las semanas previas a las elecciones.
La demanda argumenta que la norma viola disposiciones de la Ley de Derecho al Voto y la Ley de Privacidad, además de exceder las facultades legales del USPS y afectar la autoridad constitucional de los estados para establecer las reglas de sus elecciones.
Los fiscales generales y el gobernador de Pensilvania solicitaron al tribunal declarar ilegal la norma y bloquear su aplicación mientras continúa el proceso judicial. También buscan que la regulación sea anulada de manera permanente.
La acción legal ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera el lunes una decisión de un tribunal inferior relacionada con disposiciones de la orden ejecutiva que dio origen a la nueva regulación del USPS.
Además de Nueva York y Pensilvania, la coalición incluye a los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.




