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QUEENS, Nueva York, EU, 2 de septiembre de 2026.- A pocos días del 9 de septiembre, cerca de 170 mil salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) continúan a la espera de una decisión definitiva sobre el futuro del programa. El TPS para El Salvador fue concedido por primera vez en 2001, después de dos devastadores terremotos, y actualmente constituye la designación activa más antigua de este beneficio migratorio.
Aunque USCIS ha indicado que la actual designación y sus beneficios están programados para terminar el 9 de septiembre, la legislación federal establece que, si el Departamento de Seguridad Nacional no toma una determinación para extender o terminar el programa dentro del plazo correspondiente, el TPS se extiende automáticamente durante seis meses.
Una eventual terminación pondría en riesgo los permisos de trabajo y la protección contra la deportación de personas que, en muchos casos, llevan 25 años formando familias y desarrollando sus vidas en Estados Unidos.
Ante este escenario, Quadratín Hispano conversó con Ariel Valle, excónsul de El Salvador en Nueva Jersey y autor del libro De inmigrante a diplomático, sobre la incertidumbre de la comunidad salvadoreña, el impacto económico y familiar que tendría el fin del TPS y la necesidad de encontrar una solución migratoria permanente.
—Estamos a pocos días del 9 de septiembre. Desde tu experiencia como excónsul, ¿Cómo describirías la incertidumbre que existe dentro de la comunidad salvadoreña?
—Tiene un impacto psicológico bastante fuerte dentro de nuestra comunidad. Estamos hablando de alrededor de 170 mil salvadoreños que han gozado del beneficio del TPS desde 2001 y que han tenido que pasar cada cierto tiempo por procesos de reinscripción.
A todos nos gusta tener seguridad y tranquilidad para nuestras familias y nuestros seres queridos. Muchos de ellos tienen hijos que están próximos a cumplir la mayoría de edad y eventualmente podrían explorar una petición a través de ellos, pero mientras tanto permanecer en esta incertidumbre ejerce una presión bastante fuerte psicológicamente sobre ellos, sus hijos, sus familias y sus trabajos.
Creo que es necesario estar muy pendientes, mantener la calma y esperar que ambos gobiernos puedan llegar a acuerdos que produzcan soluciones favorables.
—Son personas que llevan alrededor de 25 años viviendo y formando familias en Estados Unidos. ¿Qué significa eso al analizar una posible terminación del TPS?
—Cuando inició el TPS fueron más de 263 mil salvadoreños los que comenzaron a gozar de este beneficio. Esa cantidad se ha reducido por muchas razones: algunos fallecieron, otros regresaron a El Salvador, algunos pudieron regularizar su situación porque sus hijos alcanzaron la mayoría de edad o porque se casaron.
Pero hay un dato muy importante: alrededor de 150 mil hijos de estas personas nacieron en Estados Unidos. Cuando yo lideraba el consulado veía también cómo año tras año aumentaba la cantidad de hijos de salvadoreños que acudían para obtener la doble nacionalidad.
El salvadoreño ha formado parte importante de esta nación y ha hecho propio este país. Después de 25 años, sus hijos, sus familias, sus trabajos y sus vínculos están aquí.
—¿Cuál sería el principal impacto para esas familias si finalmente tienen que abandonar Estados Unidos?
—Principalmente habría una desestabilización emocional. El impacto directo inicialmente sería sobre sus hijos, porque tendrían que pensar si van a poder continuar en sus escuelas o universidades, qué ocurrirá con su núcleo de amigos y con toda una vida social que ha costado años construir.
Después de 25 años en este país, regresar a El Salvador significaría comenzar nuevamente para muchas personas. Ya han vivido más de la mitad de su vida aquí y sus principales arraigos están en Estados Unidos. Los nuevos comienzos generan incertidumbre: qué voy a hacer, cómo voy a adaptarme, qué ocurrirá con mi familia.
—Después de 25 años, ¿debería seguir considerándose el TPS una figura estrictamente temporal o buscarse una vía hacia un estatus permanente?
—El presidente no puede tomar unilateralmente una decisión para otorgarles un estatus permanente. Una solución de ese tipo tendría que pasar por el Congreso.
Por eso creo que hoy, más que nunca, es importante que la comunidad salvadoreña se unifique y lleve su solicitud a los congresistas de cada distrito para hacer conciencia sobre la necesidad de una reforma que pueda darles un estatus regular.
Estas personas llevan más de 25 años pasando por filtros del sistema migratorio, tienen un récord dentro del sistema y realizan un aporte importante a la economía de esta nación. Tenemos también un caucus salvadoreño en el Congreso y creo que, trabajando conjuntamente, se podrían encontrar soluciones.
—¿Qué consecuencias económicas tendría la salida de decenas de miles de salvadoreños que actualmente trabajan bajo TPS?
—Muchos de estos salvadoreños son propietarios de restaurantes, project managers, gerentes y trabajadores que ocupan posiciones importantes dentro de empresas privadas. También tenemos muchos empresarios salvadoreños que emplean a ciudadanos estadounidenses.
Sí habría una afectación para el sector económico. Quizás no sería masiva considerando el tamaño de Estados Unidos, pero dentro de determinadas comunidades y sectores sí tendría importancia.
Tenemos salvadoreños con TPS en posiciones de alto impacto dentro de la sociedad. Son personas que han pasado por los filtros migratorios durante años y que hacen aportes económicos importantes. Además, muchos de sus hijos sirven incluso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

—El Salvador ha experimentado importantes cambios en materia de seguridad. ¿Podría el regreso de estas personas convertirse también en una oportunidad para el país?
—El Salvador tiene programas para las personas que quieran regresar al país, lo que se conoce como migración inversa, y existen beneficios para nuestros connacionales que voluntariamente decidan retornar.
Pero eso no significa que una proporción importante de estas 170 mil personas esté pensando en regresar. Amamos el país que nos vio nacer, pero para muchas personas sus arraigos ahora están en Estados Unidos.
Cuando tienes aquí a tus padres, hijos, esposo o esposa, y prácticamente toda tu familia inmediata está en esta nación, naturalmente te preguntas: “¿Qué voy a ir a hacer?”. Aquí es donde muchas personas ya tienen su vida hecha.
—Tú migraste desde El Salvador y posteriormente representaste al país como diplomático. ¿Cómo observas la posibilidad de que personas que llevan décadas fuera tengan que regresar a un país que quizás ya no conocen?
—Es precisamente eso: para muchas personas es un país que ya no conocen. Una cosa es poder viajar a El Salvador, hacer turismo, reencontrarse con la nostalgia y compartir con familiares, y otra muy distinta es regresar definitivamente a vivir.
También existe incertidumbre sobre el futuro. Uno no sabe qué ocurrirá dentro de 10 o 15 años. Cuando ya tienes hijos de 10, 12, 15 o 20 años estudiando aquí, muchas de las decisiones migratorias terminan estando basadas en el núcleo familiar. Queremos estar donde están nuestros seres queridos.
Eso es algo que también abordo en mi libro De inmigrante a diplomático: la migración siempre ha existido por diferentes razones sociales y económicas, pero una de las razones fundamentales sigue siendo la familia.
—Si finalmente termina el TPS, ¿qué alternativas migratorias pueden explorar sus beneficiarios?
—Yo quisiera mantenernos en la expectativa. Hay reuniones, existe el caucus y El Salvador atraviesa uno de los momentos de mayor cercanía en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Creo que pueden existir soluciones y debemos mantener una expectativa positiva.
Existe mucha información circulando en redes sociales que genera confusión porque a veces se afirma directamente que el TPS terminó o que va a terminar sin conocer todo el contexto. En este momento todavía hay que esperar y ver qué ocurre.
—En el escenario de que esas 170 mil personas tuvieran que regresar, ¿tiene El Salvador capacidad laboral para recibirlas?
—A título personal, posiblemente no. La mayoría de los beneficiarios del TPS ya son adultos, muchas personas tienen más de 40 años, y sabemos que en nuestros países a los adultos se les hace más difícil encontrar un trabajo fijo.
Eso es preocupante, especialmente cuando la experiencia profesional de una persona se desarrolló en Estados Unidos y posiblemente aquello que puede aportar no necesariamente coincide con lo que está necesitando el mercado laboral salvadoreño.
Creo que esta situación también preocupa al Gobierno de El Salvador y por esa razón se ha mantenido el cabildeo político para buscar alternativas.
—Entonces, ¿consideras que el Congreso estadounidense debería buscar finalmente una solución permanente para los salvadoreños amparados por TPS?
—Es necesario buscarla. Mi mensaje al pueblo salvadoreño y a sus autoridades es que se acerquen a los congresistas de sus distritos, que presenten cartas y expliquen la necesidad de apoyar un proyecto de ley que permita a estas personas encontrar una vía hacia la residencia o algún estatus permanente.
Ya contamos con un Caucus Salvadoreño bipartidista en el Congreso, liderado por la representante republicana Anna Paulina Luna, de Florida, y con el congresista demócrata Vicente González, de Texas, como vicepresidente. Si logramos trabajar de una manera más conjunta con este grupo, que además está creciendo, creo que podríamos encontrar distintas soluciones para una comunidad que lleva más de 25 años pasando por los filtros del sistema migratorio y aportando a la economía de esta nación.
—¿Qué mensaje dejarías a la comunidad salvadoreña ante esta incertidumbre?
—Tenemos que seguir fortaleciéndonos como pueblo salvadoreño y llevar este mensaje a cada uno de los congresistas. No debemos perder de vista dónde se generan y aprueban las leyes. De esa manera podemos trabajar para encontrar soluciones permanentes.
También necesitamos involucrarnos más en los temas políticos de la nación en la que vivimos. No podemos esperar hasta estar a pocos días de la expiración del TPS, bajo presión e incertidumbre, para participar.
Hay que informarse, involucrarse y ejercer los derechos que correspondan. Esta es la nación donde vivimos, donde compartimos y donde debemos seguir participando.




