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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de agosto de 2026.- La fiscal general Jennifer Davenport se unió hoy a una coalición de 43 estados y territorios para anunciar un acuerdo de principio de 400 millones de dólares con Sandoz Inc. (Sandoz) para resolver las acusaciones de que el fabricante de medicamentos genéricos participó en conspiraciones generalizadas y de larga duración para inflar y manipular artificialmente los precios, reducir la competencia y restringir injustificadamente el comercio de numerosos medicamentos genéricos recetados.
Un comunicado de prensa informó que si se firma y aprueba en su totalidad, Sandoz pagará un total de aproximadamente 469 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por los organismos estatales encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las cantidades pagadas en virtud de acuerdos previos con otros estados. El acuerdo también resolverá las acusaciones de que las filiales internacionales pasadas y presentes de Sandoz —Novartis AG, Sandoz AG y Sandoz Group AG— participaron en la supuesta conducta anticompetitiva y transfirieron activos de Sandoz de manera fraudulenta para eludir su responsabilidad.
Como parte del acuerdo de principio, Sandoz ha aceptado términos cautelares significativos, que incluyen una serie de reformas internas para garantizar una competencia justa y el cumplimiento de las leyes antimonopolio. Este acuerdo está sujeto a la obtención de las firmas de todos los estados y territorios necesarios, y se produce mientras los estados se preparan para un juicio previsto para 2027.
“Se supone que los medicamentos genéricos ofrecen una opción asequible para los consumidores, pero la colusión de Sandoz y otras empresas ha elevado los precios de estos medicamentos necesarios”, afirmó la fiscal general Jennifer Davenport. “Este acuerdo de principio con Sandoz es un esfuerzo más para reducir el costo de los medicamentos recetados, y no es el final de nuestro trabajo para responsabilizar a las compañías farmacéuticas cuando fijan los precios para aumentar sus ganancias”.
Los estados también han llegado a acuerdos en el mismo litigio con Glenmark, Lannett, Bausch, Apotex y Heritage por un total aproximado de 96.5 millones de dólares.
Este último acuerdo se produce mientras los estados se preparan para el primer juicio que se celebrará en Hartford, Connecticut, y que está previsto para finales de 2026.
Nueva Jersey forma parte de una coalición de casi todos los estados y territorios en una serie de casos antimonopolio que abordan los precios de los medicamentos recetados. La primera demanda incluía a Heritage y a otras 17 empresas demandadas, a dos personas físicas demandadas y a 15 medicamentos genéricos. Desde entonces, dos exejecutivos de Heritage Pharmaceuticals, Jeffrey Glazer y Jason Malek, han llegado a acuerdos de conciliación y están cooperando con los estados.
La segunda demanda se presentó en 2019 contra Teva Pharmaceuticals y 21 de los mayores fabricantes de medicamentos genéricos del país. La demanda nombra a 16 altos ejecutivos como demandados individuales.
La tercera demanda, que se juzgará primero, se centra en 80 medicamentos genéricos que representan miles de millones de dólares en ventas en Estados Unidos y nombra a 26 empresas demandadas y a 10 personas físicas demandadas. Siete ejecutivos farmacéuticos adicionales han estado cooperando para respaldar las demandas de los estados.
Todos los casos se derivan de una serie de investigaciones basadas en pruebas aportadas por varios testigos cooperantes que estaban en el centro de las distintas conspiraciones, una enorme base de datos con más de 20 millones de documentos y una base de datos de registros telefónicos que contiene millones de detalles de llamadas e información de contacto de más de 600 personas involucradas en ventas y fijación de precios en la industria de los genéricos.
Cada demanda aborda un conjunto diferente de medicamentos y demandados, y expone una red interconectada de ejecutivos de la competencia que se reunían en cenas del sector, “noche de chicas”, almuerzos, cócteles y partidas de golf, y se comunicaban mediante frecuentes llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto que sentaron las bases de sus acuerdos ilegales. A lo largo de las demandas, los demandados utilizan términos como “participación justa”, “jugar limpio” y “competidor responsable” para describir cómo desalentaron ilegalmente la competencia, aumentaron los precios e impusieron una cultura arraigada de colusión.
El Fiscal General está representado por el Fiscal General Adjunto Yale Leber y el Fiscal General Auxiliar Brian McDonough en el Grupo de Práctica de Ejecución Civil Afirmativa, bajo la supervisión de la Subdirectora Sara Gregory, dentro de la División de Derecho.
El fiscal general Davenport cuenta con el apoyo de los fiscales generales de Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming para lograr este acuerdo en principio.




