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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 15 de junio de 2026.- La gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport anunciaron una estrategia conjunta para reducir y eliminar los llamados junk fees o cargos ocultos, una práctica que, según las autoridades, encarece bienes y servicios para millones de consumidores y afecta especialmente a las familias trabajadoras.
La iniciativa combina una nueva orden ejecutiva con acciones de cumplimiento legal y campañas de educación pública para reforzar la transparencia en los precios y combatir recargos considerados innecesarios o engañosos, detalla un comunicado de prensa.
“Los consumidores de Nueva Jersey merecen transparencia y precios sin cargos ocultos”, afirmó Sherrill. “Estos cargos innecesarios agravan la crisis de asequibilidad para las familias y socavan la confianza en los precios anunciados”.
La mandataria firmó la Orden Ejecutiva 19, que instruye a todas las agencias estatales a revisar los sectores bajo su regulación para identificar tarifas abusivas, evaluar su impacto en los consumidores y presentar propuestas para reducirlas o eliminarlas.
De acuerdo con la disposición, antes del 14 de septiembre las dependencias deberán entregar a la Oficina de la Gobernadora un informe con recomendaciones regulatorias y legislativas, además de medidas para promover precios integrales y una divulgación más clara de los costos.
Por su parte, Davenport y la División de Asuntos del Consumidor emitieron una declaración de cumplimiento en la que advierten que determinadas prácticas relacionadas con cargos ocultos podrían violar la legislación estatal de protección al consumidor.
“Las familias trabajadoras están cansadas de ser explotadas por empresas que ocultan el verdadero costo de bienes y servicios”, señaló Davenport. “Estamos intensificando nuestras medidas para combatir los cargos ocultos”.
Las autoridades identificaron varias conductas que podrían considerarse ilegales bajo la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey, entre ellas:
El director interino de la División de Asuntos del Consumidor, Jeremy Hollander, recordó que la legislación estatal está diseñada para proteger a los residentes frente a prácticas comerciales engañosas.
“La Ley de Fraude al Consumidor es una de las más sólidas del país y está especialmente diseñada para proteger a los residentes de Nueva Jersey de los engaños y la manipulación que suelen acompañar a las tarifas abusivas”, indicó.
Como parte de la estrategia, el gobierno estatal lanzó materiales informativos de la campaña Fight Junk Fees para orientar a los consumidores sobre cómo identificar y denunciar estos cobros ante la División de Asuntos del Consumidor.
La administración estatal destacó que la medida se suma a otras acciones recientes dirigidas a controlar cargos ocultos en sectores como vivienda, hospedaje temporal y servicios financieros.
Organizaciones de defensa de consumidores y vivienda respaldaron la iniciativa. Entre ellas, la Federación de Consumidores de América y Protect Borrowers, que consideraron que el enfoque integral adoptado por Nueva Jersey podría servir de referencia para otros estados.
“Las comisiones abusivas no tienen cabida en una economía justa”, afirmó Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers. “Otros estados deberían tomar nota y seguir el ejemplo de Nueva Jersey”.
La administración Sherrill sostiene que la eliminación de estos cargos contribuirá a mejorar la asequibilidad para los hogares y fortalecer la confianza de los consumidores en los precios anunciados.




