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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 21 de noviembre de 2026.- La Oficina de Valores de Nueva Jersey presentó una demanda civil contra Gregory y Danielle Nikki Parker, una pareja de influencers residente en Swedesboro, condado de Gloucester, por presuntamente operar un esquema fraudulento de inversión inmobiliaria tipo Ponzi por más de 1,5 millones de dólares.
Así lo anunciaron este viernes 20 de noviembre la fiscal general Jennifer Davenport y el director interino de la División de Asuntos del Consumidor, Christopher Peterson, en un comunicado en el que detallaron que presuntamente la pareja utilizó su plataforma para hacerse pasar por inversionistas inmobiliarios exitosos.
“Gregory Dorell Parker Jr. y su esposa, Danielle Nikki Morris Parker, quienes proyectaban una imagen de riqueza y lujos a través de sus marcas Big Bizzneesss, Diamante Financing y otras marcas en redes sociales, presuntamente estafaron a más de 30 inversionistas, incluyendo al menos nueve en Nueva Jersey, que invirtieron dinero en proyectos inmobiliarios fraudulentos que los Parker afirmaban estar desarrollando”, explicaron.
En una denuncia presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Gloucester, la Oficina alega que los Parker y sus marcas asociadas violaron la Ley Uniforme de Valores de Nueva Jersey mediante la venta de valores no registrados y otras conductas ilegales vinculadas al plan.
“Los inversores de Nueva Jersey merecen un mercado justo y honesto donde puedan invertir su dinero y generar riqueza. Seguiremos persiguiendo a los estafadores de inversiones y exigiéndoles responsabilidades para proteger los ahorros que tanto les ha costado ganar a las personas”, precisó el fiscal general Davenport.
Según la denuncia de la Oficina, los Parker captaron a los inversores a través de campañas en redes sociales, contactos mutuos en la comunidad y una serie recurrente de seminarios pagados, programas de mentoría y eventos para inversores, para proyectar una imagen de éxito en el negocio inmobiliario y atraer a los asistentes a su plan de inversión inmobiliaria.
La demanda, que consta de seis cargos, alega fraude de valores, venta de valores no registrados e infracciones relacionadas con agentes no registrados y solicita sanciones pecuniarias civiles, restitución y la devolución de las ganancias o fondos obtenidos mediante presuntas infracciones de la Ley Uniforme de Valores de Nueva Jersey.
Asimismo, solicita que se prohíba a los demandados ofrecer o vender valores desde, hacia o dentro de Nueva Jersey, así como controlar a un emisor, corredor de bolsa o asesor de inversiones.




