Busca proyecto de ley proteger a inquilinos víctimas de violencia en NJ

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de septiembre de 2026.- Un proyecto de ley que busca reforzar las protecciones de vivienda para personas víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acoso avanzó en la Asamblea de Nueva Jersey tras ser aprobado por el Comité de Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer.

La propuesta A4218, patrocinada por la asambleísta Carol Murphy, demócrata por Burlington, pretende aclarar las disposiciones vigentes para evitar que las víctimas enfrenten discriminación relacionada con sus contratos de alquiler.

“Cuando alguien abandona una situación peligrosa en su hogar o intenta escapar de un acosador, no debería tener que preocuparse por la estabilidad de su vivienda”, declaró Murphy. “Esta legislación permitiría a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acoso encontrar cierta estabilidad en sus vidas, incluso cuando otras circunstancias escapan a su control”.

El proyecto establecería que los propietarios no podrían rescindir, negar la renovación o rechazar un contrato de alquiler debido a que el inquilino, sus cesionarios, subarrendatarios o representantes legales sean víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o acoso.

La iniciativa también permitiría a un inquilino terminar anticipadamente su contrato si notifica por escrito que él o uno de sus hijos enfrenta un riesgo inminente de sufrir daños físicos graves si permanece en la vivienda.

Para solicitar esta protección, el inquilino tendría que presentar documentación establecida por la Ley de Vivienda Segura de Nueva Jersey. Entre las pruebas contempladas figuran una orden de restricción, informes policiales o médicos que documenten el abuso, así como certificaciones de especialistas en violencia doméstica, directores de agencias especializadas o trabajadores sociales con licencia.

La propuesta contempla además acciones legales contra propietarios que rechacen un contrato debido a la condición de víctima del solicitante o inquilino. En esos casos, la persona afectada podría reclamar daños y perjuicios, además de costos judiciales y honorarios razonables de abogados.

La asambleísta Shama Haider también figura como patrocinadora del proyecto de ley.