Arrestan y acusan a iraní de traficar migrantes hacia Estados Unidos

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 24 de abril de 2026.- Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a Jafar Tafakori, ciudadano iraní de 57 años, de encabezar una red de tráfico de personas que introdujo de forma ilegal a decenas de migrantes al país, principalmente de origen iraní. El imputado fue detenido en Colombia a solicitud del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Oeste de Texas, Tafakori habría operado entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, coordinando el traslado de migrantes a través de rutas en Sudamérica, Centroamérica y México, a cambio de pagos que alcanzaban hasta 30 mil dólares por persona. Una vez en la frontera con México, los extranjeros eran instruidos para ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que “proteger nuestras fronteras y detener el tráfico de extranjeros es una prioridad máxima”, y señaló que el acusado “explotó las leyes de inmigración y evitó los controles de seguridad establecidos”.

Por su parte, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva indicó que Tafakori “presuntamente introdujo ilegalmente a ciudadanos iraníes durante 18 meses” y advirtió que quienes participen en estas redes “serán detenidos sin importar si operan dentro o fuera de Estados Unidos”.

El caso también fue respaldado por el agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio, John A. Pasciucco.

El agente indicó que estas organizaciones “ponen en peligro la seguridad nacional al contrabandear personas desde regiones vinculadas a actividades delictivas”.

Las autoridades colombianas ejecutaron la orden de arresto el 23 de abril en Pereira, como parte de una operación coordinada con agencias estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos busca ahora su extradición para enfrentar cargos que incluyen conspiración y tráfico de personas con fines de lucro.

De ser declarado culpable, Tafakori podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada cargo, así como una pena mínima obligatoria de cinco años si se confirman múltiples delitos.

El Departamento de Justicia recordó que una acusación formal no implica culpabilidad y que el imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.