Imputan a 63 personas por red que traficaba autos robados en Nueva Jersey

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de junio de 2026.- La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport anunció cargos contra 63 personas presuntamente vinculadas a una amplia red dedicada al robo y tráfico de vehículos de alta gama en Nueva Jersey y Nueva York.

La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal de Fraude de Seguros y la Policía Estatal, determinó que la organización habría enviado decenas de automóviles robados a compradores en África Occidental.

Todos los acusados enfrentan cargos de extorsión en primer grado por su participación en la conspiración, que incluía seleccionar vehículos específicos, robarlos, en ocasiones irrumpiendo en viviendas, y venderlos a intermediarios que los exportaban.

También se les imputan delitos de segundo y tercer grado, como participación en una red de tráfico de autos, robo de vehículos, recepción de bienes robados y robo en viviendas. La red sería responsable de más de 90 vehículos robados, valorados en más de ocho millones de dólares.

Según la investigación, la Unidad Norte de Delitos de Vehículos a Motor identificó una estructura criminal con roles definidos. Las cuadrillas de robo entregaban los autos a dos receptadores principales: Fatim Wingate y Brian J. Peppers, ambos de Newark. Junto a ellos operaban Adamu Alhassan y Standford Oduro, este último señalado por dirigir un astillero en Irvington donde se almacenaban y cargaban vehículos en contenedores para su envío al extranjero.

Algunos autos recuperados en puertos de Nueva Jersey y Nueva York provenían de ese lugar.

Wingate y Peppers habrían coordinado distintos equipos de robo, responsables de irrupciones en viviendas, comercios y asaltos armados. Los compradores, según la pesquisa, actuaban también como financiadores al aportar dinero que sostenía la operación criminal.

La fiscalía recordó que los delitos de primer grado conllevan penas de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 200 mil dólares, mientras que los cargos de segundo y tercer grado contemplan penas de cinco a 10 años y de tres a cinco años, respectivamente. El caso está siendo procesado por la subjefa Evgeniya Sitnikova, de la Oficina del Fiscal de Fraude de Seguros.

El operativo contó con la colaboración de múltiples departamentos policiales municipales, fiscalías de condado, agencias federales como el FBI, Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza.