Mantiene EU bajo vigilancia a 41 personas por exposición al hantavirus
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 14 de mayo de 2026.- El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, admitió públicamente este jueves el deterioro en el ánimo del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante un discurso pronunciado en Washington D.C., el funcionario abordó el complejo escenario que atraviesa la agencia, derivado de las intensas críticas externas por el uso de la fuerza y la implementación de operativos donde los oficiales actúan con el rostro cubierto.
Pese a estos cuestionamientos, Mullin defendió las funciones que desempeñan los agentes en Estados Unidos, enfatizando que la misión principal de la institución sigue siendo garantizar la seguridad pública mediante la remoción de individuos peligrosos.
Bajo esta línea de apoyo, el titular de la dependencia manifestó que una de sus gestiones prioritarias será restablecer el sentido de orgullo entre los trabajadores de la EU encargados de la vigilancia migratoria. La administración enfrenta actualmente una creciente presión social por la ejecución de redadas masivas; sin embargo, el secretario sostuvo que el trabajo de campo es fundamental para retirar a perfiles criminales de las vialidades y comunidades.
El objetivo planteado desde la cúpula de Seguridad Nacional busca blindar a los oficiales frente a la polémica mediática, reforzando la estructura interna de mando para mitigar el impacto negativo de las denuncias por procedimientos operativos. A partir de estas declaraciones, se espera que la agencia implemente nuevas estrategias de comunicación interna para atender las inquietudes de sus filas, mientras se mantienen vigentes los esquemas de detención a nivel nacional.
La postura de Mullin reafirma la intención del gobierno de continuar con las políticas de control vigentes, priorizando la estabilidad emocional de sus operativos ante la opinión pública. Por ahora, el debate sobre el uso de agentes enmascarados permanece como uno de los puntos de mayor fricción en la agenda legislativa y de derechos civiles, sin que se hayan anunciado cambios inmediatos en los protocolos de actuación en terreno.




