Rechazan fiscales requisitos laborales de Medicaid impuestos por Trump

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de junio de 2026.- La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, encabezó este lunes una coalición de 24 fiscales generales y dos gobernadores que presentó una demanda para bloquear la implementación de los nuevos requisitos laborales de Medicaid incluidos en la ley OBBBA impulsada por la Administración Trump.

La acción legal sostiene que la norma final provisional emitida por los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) reducirá protecciones esenciales para personas médicamente frágiles y provocará la pérdida de cobertura para millones de beneficiarios.

Davenport advirtió que la regla expulsaría del programa a pacientes con enfermedades graves, como cáncer avanzado o Alzheimer de inicio temprano, al exigirles trámites burocráticos para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar.

Señaló que más de 300 mil residentes de Nueva Jersey podrían perder acceso a cuidados vitales “por requisitos administrativos exigentes y no por inelegibilidad real”, y calificó la norma como “cruel e ilegal”.

La coalición argumenta que la medida contradice el lenguaje claro de la OBBBA y las directrices previas de CMS, que garantizaban exenciones para personas con condiciones complejas, trastornos mentales o problemas de abuso de sustancias.

Los estados, que ya habían invertido recursos para implementar la ley, enfrentan ahora el riesgo de sanciones económicas por no cumplir con los nuevos requisitos, que consideran vagos, ambiguos y contrarios a la Ley de Procedimiento Administrativo.

La norma final provisional también impone cargas administrativas adicionales que, según los demandantes, podrían dejar sin cobertura a personas que ya trabajan o califican para una exención. Experiencias previas en otros estados muestran que requisitos laborales estrictos generan pérdidas de cobertura entre beneficiarios elegibles, aumentando la presión sobre hospitales, proveedores de redes de seguridad y programas estatales de Medicaid.

La propia norma estima que más de tres millones de personas perderán Medicaid debido a los nuevos requisitos. Aunque la disposición entraría en vigor en enero de 2027, los estados deben notificar los cambios antes del 31 de agosto de 2026, un plazo que consideran imposible de cumplir sin una guía clara de CMS. Por ello, buscan frenar la aplicación de la norma mientras el litigio avanza.

La demanda fue presentada por Davenport junto con los fiscales generales de California y Massachusetts, y cuenta con el respaldo de funcionarios de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.