Superan los 43 millones los votos anticipados en elecciones de EU
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de octubre de 2026.- La fabricante automotriz General Motors acordó desembolsar 220 millones de dólares en compensaciones económicas tras una investigación encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y un bloque bipartidista compuesto por otros 35 procuradores estatales, derivada de la comercialización no autorizada del historial de conducción y ubicación de millones de clientes a intermediarios que revendían los reportes a compañías aseguradoras.
El convenio judicial reserva más de 12 millones de dólares para el estado de Nueva York y constriñe a la corporación a restringir la extracción de registros digitales de los automovilistas, obligándola a instrumentar esquemas rigurosos de protección informática y auditorías externas para frenar estas prácticas comerciales lesivas para los usuarios.
Las indagatorias comprobaron que entre 2016 y 2024 la empresa enroló a millones de personas en la función Smart Driver, herramienta que recababa la frecuencia de los viajes, las horas de encendido del motor, la aceleración, frenadas repentinas y velocidades alcanzadas, ofreciéndolo como un asistente vial seguro mientras negociaba los archivos con firmas aseguradoras facultadas para encarecer las primas mensuales.
"Los neoyorquinos no deberían tener que preocuparse de que una compañía automotriz rastree cada uno de sus movimientos al volante", declaró la fiscal general James al detallar el fin de este esquema corporativo, subrayando que la automotriz acopiaba y monetizaba la conducta frente al volante a espaldas de los usuarios.
La pesquisa institucional evidenció que los concesionarios recibían incentivos y bonos financieros por afiliar a la mayor cantidad de clientes al vincular este servicio con la plataforma OnStar, llegando al extremo de aceptar condiciones contractuales sin consulta previa e informando falsamente a más de 370 mil personas que se encontraban fuera del rastreo cuando en realidad sus perfiles seguían en venta.
La resolución impone a General Motors programas obligatorios de adiestramiento a distribuidores de vehículos, mecanismos de control para evitar altas fraudulentas en sistemas telemáticos y la cancelación inmediata del traspaso de bitácoras de trayectos a terceros sin una autorización explícita de los propietarios.




