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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de octubre de 2026.- La jueza federal Analisa Torres asumió el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien falleció el 28 de octubre a los 92 años, informó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Torres fue nombrada jueza federal en 2013 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Nació en Nueva York en 1959, tiene ascendencia puertorriqueña y estudió en la Universidad de Harvard y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.
Al 28 de octubre de 2026. II. Caso Maduro-Flores: La jueza federal Analisa Torres sustituye al fallecido juez Alvin Hellerstein en el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, que se sigue en Nueva York. Tiene 66 años de edad y acumula más de 26 años de experiencia judicial: 13 años en los tribunales estatales de Nueva York, y más de 13 como jueza federal del Distrito Sur de Nueva York.
— Nizar El Fakih (@nizarUCAB) October 28, 2026
Antes de incorporarse al sistema judicial federal, trabajó en bufetes privados y ejerció como jueza en tribunales estatales de Nueva York. Desde su nombramiento, ha intervenido en procesos civiles y penales en el Distrito Sur de Nueva York.
La reasignación del expediente se produjo después del fallecimiento de Hellerstein, quien había presidido las audiencias del caso. El juicio contra Maduro y Flores está previsto para el 14 de junio de 2027, según los reportes publicados sobre el proceso.
La pareja enfrenta cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con armas y conspiración para cometer tortura, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. Ambos se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
El Departamento de Justicia señaló en su acusación que Maduro y Flores presuntamente participaron en una conspiración para cometer tortura durante más de dos décadas. Se trata de señalamientos de la Fiscalía, no de hechos probados mediante una sentencia.




