Sancionan a empresa en EU por cobrar cargos no autorizados a clientes

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de septiembre de 2026.- FleetCor, actualmente conocida como Corpay Inc., y su director ejecutivo, Ronald Clarke, acordaron pagar 100 millones de dólares para resolver una acción administrativa de la Comisión Federal de Comercio (FTC) relacionada con cargos no autorizados y prácticas engañosas vinculadas con sus tarjetas de combustible.

La FTC informó el 17 de septiembre de 2026 que los recursos serán destinados a compensar a clientes comerciales afectados, en su mayoría pequeñas empresas. La agencia había acusado a la compañía de cobrar cientos de millones de dólares en tarifas que los clientes no conocían o no habían aceptado, además de presentar de manera engañosa los ahorros en combustible y otros beneficios de sus tarjetas.

“FleetCor engañó a sus clientes de pequeñas empresas prometiéndoles ahorros de combustible que nunca se materializaron, al tiempo que les cobraba injustamente tarifas ocultas y no autorizadas”, dijo Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

Según la agencia, FleetCor también aplicó cargos por pagos atrasados a clientes que habían pagado a tiempo o que no pudieron hacerlo debido a acciones de la propia compañía. Además, algunas tarifas aparecían después de varios ciclos de facturación o no estaban claramente identificadas en las facturas.

En 2022, un tribunal federal determinó la responsabilidad de FleetCor y Clarke en el caso, y en 2023 impuso una orden permanente contra la compañía que exige obtener el consentimiento informado de los clientes antes de cobrar determinadas tarifas y prohíbe ocultar información relevante detrás de enlaces.

En enero de 2026, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la responsabilidad de FleetCor en todos los cargos y mantuvo la orden permanente contra la empresa. Respecto de Clarke, confirmó la mayoría de los cargos, pero anuló la medida cautelar en su contra.

El acuerdo administrativo aún estará sujeto a un periodo de comentarios públicos de 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Posteriormente, la FTC decidirá si lo convierte en una orden definitiva.