Lidera NJ defensa de comunidades inmigrantes ante acciones de ICE

PRINCETON, Nueva York, EU, 24 de marzo de 2026.- Nueva Jersey se ha convertido en uno de los estados con la postura más firme del país frente a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En menos de tres meses, la gobernadora Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva, presentó una demanda federal y respaldó legislación histórica, todo con un mismo objetivo: proteger a sus comunidades inmigrantes.

Las medidas incluyen una orden ejecutiva que restringe la presencia de agentes de ICE en propiedades estatales sin orden judicial, así como una demanda para bloquear la apertura de un centro de detención en Roxbury, con capacidad para hasta mil quinientas personas.

Para las organizaciones hispanas, las acciones de Sherrill generaron gratitud y urgencia de ir más lejos.

Carlos Medina, expresidente de la Statewide Hispanic Chamber of Commerce of NJ, señaló que los pequeños negocios hispanos “están bajo asedio por la disrupción económica de ICE” y recordó que la comunidad hispana aporta 127 mil millones de dólares al PIB del estado.

Asma Elhuni, de Resistencia en Acción NJ, criticó las acciones ejecutivas por ofrecer protecciones insuficientes, mientras que, desde el American Friends Service Committee, Itzel Hernández señaló que la primera línea de defensa debe ser el financiamiento de representación legal para quienes no pueden pagar un abogado.

Por su parte, la organización sin fines de lucro ACLU of New Jersey calificó como inhumana la propuesta de establecer un centro de detención en Roxbury, al advertir sobre los riesgos que este tipo de instalaciones representa para la salud, la dignidad y el debido proceso de los migrantes.

En paralelo, legisladores estatales han impulsado iniciativas para fortalecer la protección de las comunidades inmigrantes.

El pasado 23 de marzo, la Asamblea General aprobó tres proyectos de ley que convertirían en ley formal la Directiva de Confianza con Inmigrantes, vigente desde 2018; protegerían datos personales y obligarían a los agentes, incluidos los federales, a identificarse antes de arrestar a alguien.

“Cuando permitimos que el gobierno detenga a alguien en la calle y le exija que demuestre su identidad, o que lo arreste simplemente por el color de su piel o la forma en que habla, estamos renunciando a esa libertad”, aseguró la asambleísta Ellen Park.

La batalla continúa

Sin embargo, el gobierno federal ha respondido con acciones legales. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Nueva Jersey al considerar que la orden ejecutiva interfiere con la aplicación de leyes migratorias federales, lo que anticipa una disputa prolongada en tribunales sobre los límites de autoridad entre el estado y Washington.

La fiscal general Pamela Bondi declaró que las políticas santuario de Nueva Jersey no prevalecerán. Desde ICE, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la orden ejecutiva de Sherrill como legalmente analfabeta, argumentando que hacer cumplir las leyes de inmigración es una responsabilidad federal bajo la Constitución.

Para las comunidades inmigrantes, el impacto de estas medidas es inmediato pero complejo. Por un lado, representan un respaldo institucional y ofrecen herramientas para limitar ciertos operativos; por otro, la confrontación con el gobierno federal mantiene un clima de incertidumbre sobre el alcance real de estas protecciones.

En ese contexto, la respuesta de organizaciones, líderes comunitarios y autoridades locales sugiere que Nueva Jersey busca posicionarse como un estado que protege a su población inmigrante, aunque el resultado final dependerá del desarrollo de la batalla legal en curso.