Plantea Hochul blindar NY ante operativos descontrolados de ICE

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 2 de marzo de 2026.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, denunció una serie de abusos y extralimitaciones cometidos por agencias federales de inmigración dentro del estado. La mandataria estatal calificó como inaceptables los operativos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, señalando que estas acciones han vulnerado derechos constitucionales básicos de los residentes neoyorquinos.

Uno de los casos que motivó este reclamo fue la gestión deficiente en la liberación de Nurul Amin Shah Alam, un refugiado de Myanmar con discapacidad visual que falleció tras ser dejado a su suerte por autoridades federales en Buffalo. Hochul enfatizó que cuando el gobierno federal decide liberar a alguien de su custodia, tiene la responsabilidad legal y ética de garantizar que el proceso sea seguro y cuente con una comunicación transparente hacia las familias.

Frente a este escenario, la administración estatal propuso una legislación diseñada para blindar sitios sensibles de la presencia de agentes migratorios. La iniciativa pretende prohibir el ingreso de ICE y la Patrulla Fronteriza a escuelas, guarderías, hospitales y centros de culto. La gobernadora subrayó que estas medidas buscan devolver la tranquilidad a las comunidades que han visto alterada su dinámica por la incursión de oficiales federales en espacios de servicios esenciales.

La mandataria también hizo referencia a la Cuarta Enmienda para condenar ingresos a viviendas sin órdenes judiciales firmadas por jueces. Denunció casos donde oficiales federales se identificaron falsamente como policías locales para entrar a edificios residenciales.

"Ni siquiera debería tener que poner eso en la ley, pero lo vamos a hacer aquí en Nueva York", afirmó Hochul respecto a la protección del domicilio privado frente a la intrusión del gobierno central.

En el aspecto financiero, Nueva York destinó 3 mil millones de dólares para fortalecer a las corporaciones de policía locales y departamentos de alguaciles. La gobernadora aclaró que estos recursos están etiquetados exclusivamente para el combate a delitos locales y no deben desviarse hacia tareas de control migratorio civil, marcando una distancia clara entre las funciones de seguridad pública y la agenda de deportación federal.

Al concluir su mensaje, la funcionaria instó a la Legislatura estatal a trabajar con celeridad para convertir estas propuestas en leyes vigentes. Reiteró que el estado mantendrá la colaboración con agencias federales cuando se trate de personas que han cometido crímenes, pero no tolerará que se pisoteen las libertades civiles de la población vulnerable en territorio neoyorquino.