Obligan a agencias estatales a reportar a indocumentados al DHS

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 2 de septiembre de 2026.- La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión legal que aclara que cuando un estado decide participar en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), todas las agencias dentro de ese estado, no solo las que administran los beneficios de TANF o SSI, deben informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las personas que se sabe que no se encuentran legalmente en los Estados Unidos.

“El Congreso redactó este requisito con claridad”, declaró el Fiscal General Adjunto T. Elliot Gaiser, de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. “Cuando un estado decide participar en el programa TANF, acepta la obligación de informar sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deberían, paradójicamente, fomentar la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar nuestras leyes y nuestras fronteras”.

“Nuestra aclaración no impone nuevas obligaciones a los estados”, declaró Joshua Craddock, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia y autor del dictamen. “Simplemente restablece el significado original de la ley promulgada por el Congreso y garantiza que el DHS reciba la información a la que tiene derecho legalmente. Los estados que aceptan fondos del TANF deben cumplir con la ley federal, y el incumplimiento puede acarrear graves consecuencias, incluida la pérdida de la financiación del programa”.

La Oficina retiró una opinión emitida en 1998 durante la administración Clinton que interpretaba el requisito de presentación de informes de forma mucho más restrictiva. Según esa interpretación anterior, solo las agencias estatales específicas que administraban TANF o SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de inmigración. Actualmente, los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y varios territorios estadounidenses participan en TANF y SSI, y las subvenciones federales para TANF superan los 16.400 millones de dólares anuales.

La opinión de la Oficina de Asesoría Legal del 1 de septiembre explica que el Congreso definió "Estado" de manera amplia en la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996. Como resultado, cuando un estado acepta fondos federales de TANF o SSI, todo el gobierno estatal, incluidas todas las agencias que lo componen, está obligado por ley federal a compartir información con el DHS sobre las personas que el estado sabe que no se encuentran legalmente en el país.

La opinión se aplica de forma prospectiva. Los estados no enfrentarán sanciones retroactivas por haberse basado en la interpretación de 1998. Las agencias federales pueden basarse en el asesoramiento de la OLC para actualizar los acuerdos de subvención y los procesos de cumplimiento de TANF y SSI a fin de reflejar el estándar legal correcto en adelante.