Identifican a víctima que murió al caer a las vías del metro de NY
NUEVA YORK, Nueva York, EU, 22 de abril de 2026.- Colombia firmó un acuerdo de paz hace una década. Los fusiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se silenciaron. Pero en la Amazonía colombiana, Jenny Katherine Alba Medina dice que el conflicto nunca terminó, simplemente cambió de nombre. Ahora lleva el nombre de una licencia minera.
Colombia tiene 115 pueblos indígenas reconocidos por el DANE. En la Amazonía colombiana, 64 de ellos están representados por la OPIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Y 30 de esos pueblos, los del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, enfrentan niveles de mercurio en sus ríos hasta diecisiete veces por encima del límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-106, ordenando la suspensión inmediata de licencias mineras en ese territorio.
Jenny Katherine Alba Medina, miembro del pueblo Piratapuyo del departamento de Guainía, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas en Colombia y parte de la OPIAC, llegó a la sesión número 25 del Foro Permanente de la ONU en Nueva York para las Cuestiones Indígenas con la idea de documentar ante organismos internacionales lo que ocurre en territorios colombianos.
"Creo que vivimos en conflicto, la verdad. Nunca dejamos de hacerlo", señala.
El Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC generó esperanza en toda la Amazonía colombiana. Lo que vino después fue más complejo. Pueblos indígenas han sido desplazados de zonas rurales de los departamentos de Amazonas y Putumayo como consecuencia de las presiones ejercidas por grupos armados ilegales, incluido el reclutamiento de jóvenes para sus operaciones.
Departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo han sido los más afectados por la violencia, el conflicto armado y la deforestación.
Según Alba Medina, la dinámica cambió de actor, pero no de lógica. "Con la firma del acuerdo de paz hubo un cambio, pero ahora se ve un conflicto totalmente distinto debido a estas empresas", comentó en entrevista con Quadratín Hispano.

El motor ya no es solo el narcotráfico ni el control guerrillero. Es el extractivismo, referente al cobre, oro y petróleo.
"La Amazonía tiene todo", dijo. "Somos un yacimiento de riqueza, pero esto está afectando nuestros territorios porque se están dando permisos".
El impacto sobre las comunidades es múltiple. Primero, la pérdida cultural. Segundo, el desplazamiento.
"A veces no son forzados, pero por la necesidad de buscar mejores soluciones para su vida se da una especie de desplazamiento", explicó Alba Medina.
La llegada de economías extractivas transforma también las dinámicas internas de la comunidad.
"Empiezan a pagar por hacer acarreos, entonces dejan de ir a la chagra para ganar plata y cambian su dinámica", explicó.
La chagra, el sistema de cultivo ancestral amazónico, cede terreno ante el jornal minero. Con ella se van los saberes tradicionales, los ciclos de siembra y la soberanía alimentaria.
El dato más grave es el que está en los ríos. "Ahorita tenemos altos índices de mercurio en los pescados, que es lo que más se come en la Amazonía. Ya están naciendo niños con dificultades en sus extremidades", señaló.
El 80 por ciento de la dieta de los pueblos que habitan la cuenca del Caquetá proviene de la pesca, lo que explica los niveles de concentración de mercurio documentados en esa región.
Sobre si foros como este, la COP16 y la COP30 han producido resultados reales, "no han sido resultados trascendentales, porque estos temas son bastante complejos de que los Estados los aborden, ya que hay muchos intereses. Pero creo que cada ejercicio lleva su granito de arena", concluyó la líder indígena.




