México y EU refuerzan la alianza financiera contra el crimen organizado

Es el momento de pasar de la norma a los resultados.

La reunión del pasado 15 de abril entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y su homólogo estadounidense, Scott Bessent, no fue un encuentro protocolario más. Fue la confirmación de que la cooperación bilateral en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero ha entrado en una nueva fase de mayor profundidad y urgencia.

Según el comunicado oficial de la SHCP, ambos funcionarios coincidieron en fortalecer el intercambio de información para desmantelar flujos ilícitos vinculados al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. El mensaje es claro, Washington y México ya no solo comparten datos, están alineando estrategias operativas en tiempo real.

Este reforzamiento llega en un momento estratégico. Apenas diez meses después de las históricas órdenes de FinCEN contra tres instituciones financieras mexicanas (junio de 2025) y de las reformas a la LFPIORPI publicadas en julio de 2025, México demuestra que la presión externa se ha convertido en oportunidad interna. La ampliación de la debida diligencia o la la identificación reforzada del beneficiario controlador, el monitoreo automatizado y la actualización de umbrales ya no son solo obligaciones en papel, están siendo activadas con mayor coordinación entre la UIF, la CNBV y sus contrapartes estadounidenses.

Para el Estado de México (EMX), entidad con una de las plazas financieras más importantes del país y con una economía fuertemente vinculada al comercio transfronterizo, este avance tiene implicaciones directas. Nuestras instituciones financieras locales, las empresas que operan en el corredor industrial y los municipios con alta actividad económica deben entender que el estándar de cumplimiento ya no admite medias tintas. La supervisión basada en riesgos y el intercambio automático de información ya no son futuribles; son la nueva realidad operativa.

Desde mi perspectiva como especialista en PLD/FT y más de tres décadas en la función pública, fiscalización y contraloría, celebro esta coordinación sin caer en triunfalismos. La verdadera prueba no está en los comunicados conjuntos, sino en los resultados concretos, en el número de redes desarticuladas, en los expedientes de lavado que se judicializan y en la efectividad de los reportes de operaciones sospechosas que realmente impactan al crimen organizado.