Exige DHS mayor control ante fraude en visas juveniles

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de junio de 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó sobre presuntos casos de fraude dentro del programa de Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ) y solicitó a los jueces estatales reforzar la revisión de las solicitudes para evitar que personas con antecedentes criminales obtengan beneficios migratorios.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre los años fiscales 2013 y 2025 casi 19 mil solicitantes del programa SIJ registraban antecedentes de arresto.

Entre ellos, 120 habían sido detenidos por homicidio, alrededor de 200 fueron condenados por delitos sexuales y más de 500 eran identificados como miembros o presuntos integrantes de la pandilla MS-13. Además, más de 100 estaban vinculados con la pandilla Barrio 18.

El programa SIJ está dirigido a menores de 21 años que hayan sufrido abuso, negligencia o abandono por parte de uno o ambos padres y les permite solicitar la residencia permanente legal en Estados Unidos.

El asesor general del DHS, James Percival, señaló que el programa corre un riesgo significativo de fraude y afirmó que en algunos casos las órdenes judiciales requeridas para acceder al beneficio son emitidas sin una revisión exhaustiva de las circunstancias de los solicitantes.

Entre los casos citados por el DHS figura el de un líder de la MS-13 en Nueva York que posteriormente se declaró culpable de cargos de extorsión relacionados con ocho homicidios, así como el de un integrante de la pandilla Trinitarios cuya petición fue aprobada después de haber participado en un tiroteo con víctimas mortales.

“Permite a criminales, pandilleros e incluso presuntos terroristas obtener un estatus legal mientras erosiona la confianza y desvía recursos de niños genuinamente vulnerables”, afirmó Percival.

El DHS sostuvo que una supervisión judicial más rigurosa ayudaría a garantizar que los beneficios del programa lleguen únicamente a menores con reclamaciones legítimas de abuso, negligencia o abandono.