Reitera Claudia Sheinbaum que cumple con la gente en reforma electoral
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de marzo de 2026.- El escenario electoral en Colombia se reconfigura tras el anuncio de las figuras que acompañarán a los dos principales contendientes en la carrera por la Casa de Nariño. Los aspirantes presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella formalizaron la integración de sus equipos de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, apostando por perfiles que contrastan la experiencia técnica económica con el liderazgo de los movimientos sociales e indígenas.
Abelardo de la Espriella optó por el economista José Manuel Restrepo Abondano, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante la administración de Iván Duque y actualmente dirigía la Universidad EIA.
Esta alianza pretende robustecer la propuesta fiscal del candidato en Estados Unidos y otras regiones con intereses comerciales, basándose en la trayectoria académica de Restrepo en instituciones como el CESA y la Universidad del Rosario. El ahora candidato a la vicepresidencia dimitió a su cargo como rector para integrarse plenamente a las actividades de campaña antes del cierre de registros oficiales.
Por su parte, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, confirmó a la senadora Aída Quilcué como su compañera de fórmula. La legisladora posee una trayectoria destacada como consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia y fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021.
Cepeda enfatizó que esta unión representa la convergencia entre los sectores sociales y los pueblos originarios, destacando el papel de Quilcué en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La Registraduría Nacional de Colombia mantiene el 13 de marzo como la fecha límite para que todas las coaliciones inscriban formalmente sus candidaturas. Bajo este calendario, las fuerzas políticas intensifican sus acercamientos con diversos sectores para consolidar las alianzas que se medirán en las urnas a finales de mayo, en un proceso donde la seguridad y la justicia social se perfilan como los ejes centrales del debate público.




