Visión financiera

Agentes aduanales, actores estratégicos

Los agentes aduanales se posicionan como una pieza clave en la primera línea de defensa de la economía, al incidir directamente en el comercio exterior, la seguridad y la recaudación. Justo uno de esos actores es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi.

Este organismo, que agrupa a más de 860 agentes aduanales en el país, también respalda la transparencia, calificada como un principio básico en el ejercicio de responsabilidades públicas. Y es que la rendición de cuentas es indispensable para sostener la confianza pública.

Por cierto, ante supuestos amparos individuales o civiles, según versiones difundidas, cabe resaltar que la CAAAREM no promueve este tipo de acciones. Su postura se basa en el respeto al marco legal, la responsabilidad institucional y la construcción de soluciones mediante el diálogo con las autoridades.

Por lo que quienes operan bajo una patente otorgada por el Estado deben cumplir estrictamente con la ley. Aquí, la CAAAREM está comprometida con la legalidad, la profesionalización y la ética en el ejercicio de sus funciones.

Cobra relevancia su constante coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al frente de Antonio Martínez Dagnino; y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), representada por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, donde privilegia el diálogo técnico y la colaboración institucional.

Justo en este marco se alista para el 6 de mayo una visita de los agentes aduanales al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dirigido por Isidoro Pastor Román, donde presentarán avances en modernización y digitalización aduanera para fortalecer la eficiencia y transparencia del comercio exterior mexicano.

El agente aduanal es el primer filtro técnico de legalidad en el comercio exterior mexicano, donde también cobra mayor presencia al promover proyectos que apuntan a la innovación, la autorregulación y la transformación digital dentro del sector, por lo que la coordinación institucional es clave.

*** Segundo mandato

La reelección de Benjamín del Arco Ortiz al frente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) para el periodo 2026-2027 confirma una apuesta por la continuidad en un momento de transformación global para el sector.

Su permanencia en la presidencia busca fortalecer la colaboración, elevar la competitividad y acelerar la transición hacia modelos más sostenibles, en un entorno que exige visión estratégica, coordinación y participación activa.

En ese escenario, la revisión del T-MEC refuerza la relevancia de la integración de Norteamérica como base de una industria manufacturera sólida y competitiva. A la par, la Ley General de Economía Circular marca un punto de inflexión al establecer un marco que impulsa la innovación y la responsabilidad en toda la cadena de valor.

El desafío será garantizar su correcta implementación para generar certidumbre, atraer inversión y consolidar la competitividad. Desde la ANIPAC, la ruta planteada es construir una industria más fuerte, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.

*** Ciencia que se reinvierte

TOME NOTA *** En medio de la discusión sobre cómo detonar la innovación en México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que, en los hechos, corrige una distorsión histórica: permitir que universidades y centros públicos de investigación conserven los recursos que generan a través de convenios con la iniciativa privada.

La propuesta, impulsada por el diputado Eruviel Ávila Villegas, parte de una lógica elemental que, sin embargo, había sido ignorada: instituciones como la UNAM o el IPN desarrollan conocimiento, lo transfieren al sector productivo y cobran por ello, pero están obligadas a enviar esos ingresos a la Tesorería, lo que limita su capacidad de reinversión.

El cambio, sin duda, abre la puerta a fortalecer infraestructura, becas y desarrollo tecnológico desde las propias instituciones, aunque también plantea un reto de fondo: garantizar mecanismos de transparencia y evitar que estos recursos se administren sin controles claros.